Urpi Torrado
El Comercio, 3 de octubre del 2024
“Aunque el poder digital democratiza el acceso a la información, también puede desestabilizar al sistema democrático”.
La ‘cibercracia’, como la define José Norte, surge del comportamiento de las nuevas generaciones nacidas en la era digital, y está transformando la manera en la que concebimos el poder y la democracia. En esta sociedad, el poder deja de estar monopolizado por la clase política y pasa a las manos del pueblo mediante el uso de las redes sociales y los medios digitales. Este fenómeno plantea tanto oportunidades como riesgos, especialmente cuando las masas conectadas utilizan estas herramientas para influir en la política, alterar agendas e impactar en la opinión pública a gran escala.
Este fenómeno se produce principalmente a partir de eventos mediáticos con impacto político, social o económico. Estos episodios suelen desencadenarse por malas gestiones gubernamentales, diferencias sociales o la desconexión entre los políticos y el pueblo. Estos factores movilizan a las personas a expresarse a través de las redes sociales, donde tienen la capacidad de influir masivamente y cambiar el curso de los acontecimientos. Aunque el poder digital democratiza el acceso a la información, también puede desestabilizar al sistema democrático tradicional. En lugar de fortalecer la democracia, la ‘cibercracia’ puede generar caos social, desinformación y polarización. Los ciudadanos, conectados en sus dispositivos, se ven arrastrados por narrativas rápidas y poco verificadas. Un ejemplo reciente ocurrió en Uruguay con el candidato Yamandú Orsi.
El 7 de marzo, Orsi fue víctima de una campaña de acoso coordinada en las redes. Un análisis de la actividad en X (antes Twitter) reveló que publicaciones con acusaciones falsas contra él fueron amplificadas por cuentas mexicanas. Este tipo de ataques aprovechan la estrategia del ‘echo chamber’, donde mensajes repetidos generan una ilusión de veracidad. Aunque se comprobó que las denuncias eran falsas, el daño ya estaba hecho. El caso demuestra cómo las tácticas de acoso digital pueden influir en las elecciones y socavar la integridad democrática.
Las noticias falsas y las campañas de acoso no solo afectan a los implicados, sino que también crean un ambiente de desconfianza. Las tácticas de desinformación y polarización fragmentan a la sociedad, influyendo en la ciudadanía y en los resultados electorales.
El riesgo de que las redes sean utilizadas para difundir desinformación masiva es un desafío que no se puede ignorar. Las campañas de desinformación no solo son locales; el caso de Orsi mostró que actores externos también pueden amplificar los ataques. Este fenómeno plantea un reto a la soberanía de la información, pues las fronteras ya no limitan la influencia de las campañas digitales.
Para defender la democracia es necesario desarrollar estrategias claras contra el acoso digital y la desinformación. Tres pilares son esenciales: transparencia, educación y regulación. Las instituciones y los políticos deben ser claros en sus acciones, de modo que los ciudadanos puedan verificar la información que reciben. Además, los ciudadanos deben ser educados para evaluar la veracidad de la información y no dejarse influir por narrativas manipuladoras. También se requiere una regulación efectiva para evitar abusos en el entorno digital. Esto no solo implica normativas a nivel nacional, sino también que trasciendan fronteras.
Uno de los mayores retos de las democracias actuales es la soberanía de la información. La globalización ha permitido un flujo casi ilimitado de datos, lo que tiene el potencial de enriquecer el discurso público, pero también plantea desafíos significativos para la integridad electoral y democrática. Los actores que buscan influir en elecciones o decisiones políticas ya no necesitan estar en el mismo país para hacerlo. Pueden manipular narrativas desde cualquier parte, socavando la soberanía de las naciones sobre sus procesos democráticos. Las estrategias transnacionales para combatir la desinformación y el acoso en línea deben ser una prioridad si se quiere preservar la democracia frente a los peligros de la ‘cibercracia’.
