Uri Landman
Para Lampadia
Hace unos días nos enteramos a través de un informe de La Contraloría, que la ex funcionaria de Reniec, vicepresidenta del país y ministra de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, también era presidenta del Club Departamental Abancay y vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú. Todos saben que me refiero a Dina Boluarte, la misma persona que afirmó de manera categórica que “ellos no se querían enquistar en ningún puesto¨ ¡Plop!
Según el informe de la contraloría la ministra del MIDIS habría incurrido en una flagrante violación al artículo 126 de la Constitución, por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Abancay siendo ministra de estado.
El artículo 126 de la Constitución dice: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas.”
Sin ser expertos constitucionalistas, nos damos cuenta que este artículo es muy directo y solo puede ser interpretado de una manera. Sin embargo, tanto Dina Boluarte como sus ayayeros “expertos constitucionalistas”, han salido en todos los medios a refutar el informe de La Contraloría. Dina Boluarte ha indicado que ella había solicitado licencia (no renunciado) tanto al Club Departamental Abancay, como a la Asociación de Clubes Departamentales del Perú en su debido momento y que los trece documentos firmados por ella, han sido estrictamente “por casos de subsanación registral”, necesaria para garantizar la sucesión. Según su torcida lógica “No obedecen en absoluto a funciones de dirección o gestión”.
Con todo el desparpajo sentencia: “Ya que los clubes departamentales son asociaciones sin fines de lucro, no he incurrido en infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución”.
Ante las pruebas de la Contraloría, el congreso debería admitir la acusación constitucional presentada la semana pasada e inhabilitarla para el ejercicio de la función pública hasta por diez años. Pero aquí, es donde vemos la doble moral de los que yo llamo “Los Tibios”.
Al ver que sus intereses pudieran verse afectados, salen como una jauría para defender a Boluarte. Uno de sus más “locuaces” exponentes, Omar Cairo, precisó en “La República” que la inhabilitación tendría que darse únicamente respecto al cargo de ministra que actualmente ocupa en el MIDIS. Según su iluminada opinión, “inhabilitarla por este caso para el cargo de vicepresidenta de la República, dejaría en evidencia una maniobra para dejar un vacío, ante la eventualidad de una vacancia del presidente Castillo. Sería desproporcionado y le haría daño a la institucionalidad.” Nosotros sabemos, que tal análisis está completamente errado. Si se llegara a inhabilitar a Boluarte en el ejercicio de la función pública, sería en todos los cargos que ella pudiera ejercer y no solo en uno en particular.
La doble moral de “Los Tibios” la podemos encontrar todos los días en la vida política del país. Dina Boluarte es un buen ejemplo. A pesar de estar impedida de postular al cargo de vicepresidenta por ser funcionaria del Reniec, el JNE se hizo de la vista gorda y no descalificó su candidatura. En el colmo de la desfachatez, Boluarte solicitó licencia al Reniec por cinco años, para que le guarden su puesto de funcionaria mientras ejercía la vicepresidencia de la República. Cuando el Reniec rechazó su pedido, tuvo la osadía de apelar dicha resolución.
Mientras el JNE le pasaba todas estas irregularidades a Boluarte, el alcalde de Lima Jorge Muñoz fue vacado del puesto por algo parecido. Según la resolución del JNE, el alcalde Muñoz había sido parte del directorio de Sedapal por unos meses, mientras ejercía la alcaldía de Lima lo cual está prohibido por ley. En este caso fue rápidamente vacado.
Países con valores morales fuertemente arraigados en la sociedad, no aceptarían que la mayoría de ministros (por no decir todos) tengan serios cuestionamientos, ya sea por falta de capacidad para ejercer su puesto, por faltas éticas o en el peor de los casos por crímenes cometidos. Pero en el Perú, estamos tan acostumbrados a leer en los periódicos o ver en los noticieros denuncias todos los días a este respecto, que hemos normalizado la situación, hemos perdido la capacidad de indignarnos. “Los tibios” y su ejército de medios afines, se han encargado de relativizar “los errores del gobierno”.
Lamentablemente es “normal” para nosotros leer que la ministra de trabajo plagió el 49% de su tesis o que el ministro de educación habría plagiado el 70% de la suya. Por supuesto no nos sorprende cuando nos enteramos que la tesis de Castillo tiene un 43% de plagio. En un país civilizado, todos los nombrados habrían renunciado inmediatamente a sus cargos por decoro. Imagínense si fuésemos como en Japón, donde existió el Harakiri o suicidio por razones de honor.
No me explico cómo el jefe de la ONPE, en teoría una persona honesta para garantizar la limpieza de las elecciones, pueda ser alguien que nos mintió descaradamente sobre un incidente en el Club de Regatas Lima.
¿Cómo podemos entender que ante las declaraciones de dos colaboradores eficaces, como Karelin López y Zamir Villaverde, quienes han narrado toda la trama de corrupción en las más altas esferas del gobierno, incluyendo directamente a Castillo, hasta ahora la fiscalía y el Congreso no hagan nada?
No nos dejemos engañar por “los tibios”, quienes en realidad buscan su propio beneficio. Recordemos las palabras de Dante Alighieri: “Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral”. Lampadia
