Uri Landman
Para Lampadia
La Gestapo fue la policía política del régimen Nazi en Alemania. Fue creada en el año 1933 por Herman Goering al combinar las diversas agencias de policía de Prusia en una sola organización. El 20 de abril de 1934, la supervisión de la Gestapo pasó a manos del jefe de las Schutzastafell (SS), Heinrich Himmler, quien también fue nombrado jefe de la policía de Alemana por Hitler en el año 1936.
La función de la Gestapo era investigar y combatir todos los intentos de amenazar al Estado. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos criminales contra el Partido Nazi y el Estado.
Desde la perspectiva de los nazis, las amenazas al Estado abarcaban una amplia variedad de conductas. Estas podían ir desde la oposición política organizada hasta las críticas a los nazis. Por ejemplo, una ley promulgada en diciembre de 1934, declaró ilegales las críticas en contra del partido y régimen nazi. Un chiste contra Hitler se consideraba un ataque mal intencionado que podía terminar en internamiento en un campo de concentración.
La Gestapo hizo mucho más que vigilar individuos. Sus oficiales, implementaron la ideología nazi, que definía a grupos enteros como enemigos del régimen. Ser judío o tener ancestros judíos era suficiente para ser considerado como una amenaza al Estado y caer en las garras de la Gestapo.
El régimen nazi otorgó amplios poderes a los miembros de la Gestapo. El más importante, fue que tenían el poder para enviar a los detenidos directamente a los campos de concentración, con la prerrogativa que se conocía como “custodia protectora”. La “custodia protectora”, colocaba a la Gestapo sobre el poder judicial. No se les permitía a los detenidos consultar con su abogado, apelar sus sentencias, ni defenderse a sí mismos ante los tribunales.
La Gestapo unió el conocimiento de los policías profesionales que la integraban, con el celo de los ideólogos nazis. Una combinación fatal.
Así como la Gestapo se dedicó a perseguir a los enemigos políticos de los nazis, parecería que ciertos grupos de poder, utilizan al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú para perseguir a quienes no se alinean con sus intereses, ya sean políticos o económicos.
Somos testigos de la encarnizada lucha que se viene librando en el Ministerio Público entre dos grandes grupos: los caviares y los patriotas.
Por un lado tenemos a los caviares, que quieren seguir controlando las investigaciones fiscales, para perseguir a sus enemigos políticos como hicieron con Alan García y Keiko Fujimori. Mientras que dilatan hasta el infinito, los procesos en contra de corruptos como Humala, Vizcarra y Villarán.
En el otro lado tenemos a los patriotas, que en mi opinión, quisieron utilizar los mismos métodos caviares para controlar la fiscalía, pero con un fin diferente: el perseguir a los verdaderos corruptos y criminales. En el proceso, se toparon con dos grandes problemas: el primero, son los grandes intereses económicos que se manejan en la fiscalía y que sirven de fuente de financiamiento para el bando caviar y el segundo, son las lealtades escondidas bajo el manto de los caviares, que definiría con la frase: hoy por ti, mañana por mí.
En un sistema democrático como el nuestro, esto no podría suceder sin un elemento fundamental para el control de las instituciones y es el trato que tienen los caviares con los “mermeleros” o sicarios de la información. Se entiende por “mermeleros” a quienes fungen de periodistas, cuando en realidad son gestores de intereses particulares, ya sean políticos o económicos y que utilizan los medios de comunicación para avanzar dichos intereses con el falso argumento de la libertad de expresión.
Este apoyo no es gratis. Hemos leído el caso de periodistas que acompañaban a empresarios para reunirse con fiscales y luego cobraban por su “asesoría”. Nos hemos enterado de periodistas que se reunían con el fiscal de la nación de turno para “apoyarlo” en su labor en el Ministerio Público. Han salido a la luz diversas investigaciones en donde empresas de comunicación propiedad de periodistas, bridaron consultorías y asesorías de “Media Training” a diversos organismos del estado recibiendo grandes sumas.
Lo más repulsivo de todo, es el doble estándar o doble moral de estos periodistas y su séquito de cómplices. Ellos, que dicen ser los defensores de la legalidad y la libertad de expresión, son los primeros en atacar al Tribunal Constitucional cuando este falla en contra de sus intereses; como en el caso de los inhabilitados miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ellos son los primeros en exigir que la suspendida fiscal de la nación entregue su celular para las investigaciones, sin embargo callan cuando Gorriti, Vela Barba y Domingo Pérez, se hacen de oídos sordos para entregar el suyo.
Los verdaderos periodistas son aquellos que colocan la verdad delante de sus intereses personales y no al revés. Como decía el periodista polaco Ryszard Kapuscinki: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. Lampadia
