Uri Landman
Para Lampadia
A raíz del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte en busca de los relojes Rolex que tanto le gustan, más de un abogado penalista comentó sobre la posibilidad de la incautación de los bienes de Boluarte, entre relojes, anillos, pulseras hasta carteras de lujo.
En nuestro país existen diferentes procesos mediante los cuales se puede privar a una persona jurídica o natural de su propiedad.
El artículo 70 de la Constitución permite la privación de la propiedad a través de la expropiación por causas de seguridad nacional o necesidad pública, previo pago de una indemnización. En ámbito penal, existe la figura de la incautación o decomiso de bienes provenientes de actividades ilícitas.
En el año 2018 se creó mediante el Decreto Legislativo 1373 una nueva figura llamada Extinción de Dominio. Este proceso es autónomo e independiente de la acción del proceso penal. Vale decir que no es necesaria una sentencia de culpabilidad confirmada en última instancia para que se dé.
La extinción de dominio en pocas palabras le permite al Estado peruano apropiarse de bienes provenientes o que estén relacionados a actividades ilegales. Bajo este marco legal, existe un Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio que cuenta con fiscales, procuradores y jueces propios, que actúan con prescindencia de los procesos penales contra quienes obtuvieron dichos bienes o hicieron uso de ellos de manera ilícita.
En lugar de acortar los plazos en las investigaciones fiscales y simplificar los procesos en la etapa judicial, para que un juicio no dure ocho o diez años como estamos acostumbrados en el Perú, el Estado creó el procedimiento de extinción de dominio que en promedio dura un año. En vez de exigir a los jueces y fiscales que sean eficientes y céleres en su trabajo, el propio Estado le saca la vuelta a la Constitución creando esta figura jurídica.
En opinión de algunos, este procedimiento vulnera derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada, el derecho a la presunción de inocencia entre otros.
Como están planteadas las cosas, pudiera darse que se aplique la extinción de dominio a una persona jurídica o natural que luego sea declarara inocente en el proceso penal, lo cual causaría un daño irrevocable e irreparable a su propiedad.
En la mayoría de los países civilizados, los procesos judiciales que incluyen: las investigaciones fiscales, los juicios y la lectura de sentencia, toman en promedio uno a dos años. En el Perú, un proceso por corrupción demora de ocho a diez años. El caso de Susana Villarán es un perfecto ejemplo.
Para darnos una idea de cómo funcionan las leyes en otras partes del mundo, les voy a narrar el caso del Amadea.
El Amadea es un super-yate de 106 metros de eslora, tiene un helipuerto en la proa, una piscina decorada con mosaicos, un jardín de invierno y una sala de cine. La nave cuenta con una tripulación de 36 personas para atender a 16 invitados, alojados en 8 camarotes de lujo.
El superyate fue incautado en abril del año 2022 mientras estaba atracado en la isla de Fiji a pedido de las autoridades norteamericanas. Los fiscales estadounidenses alegan que su propietario Suleiman Kerimov, quien ha sido sancionado por los Estados Unidos desde el 2018 y por Inglaterra y la Unión Europea desde que empezó la guerra en Ucrania, violó las sanciones estadounidenses al utilizar el sistema bancario de ese país para pagar los costos del barco.
El oligarca ruso Eduard Khudainatov, quien no está sancionado, se ha presentado ante las autoridades reclamando el barco como suyo a través de su empresa Millemarin Investments. Sin embargo, los fiscales alegan que Khudainatov es un oligarca de segundo nivel y que no contaría con los recursos para poseer al Amadea, por lo que sería un testaferro de Kerimov.
Hace unas semanas, fiscales federales solicitaron a un juez permiso para vender el barco, bajo el argumento que sus gastos de mantenimiento de un millón de dólares mensuales son muy altos y los está costeando el gobierno, lo que ha a la fecha suman 20 millones de dólares.
Según una tasación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el valor aproximado del barco es de 230 millones de dólares.
Eduard Khudainatov alega en su defensa que está dispuesto a reembolsar al gobierno por los gastos realizados, siempre y cuando el barco le sea devuelto y que el juez no debería permitir su venta hasta que se resuelva su moción para desestimar la demanda de decomiso civil.
No quiero que se piense que estoy en contra de perseguir a los criminales e incautarle sus bienes mal habidos, pero el Estado es el primero que debe cumplir las leyes y sus plazos y no inventar procedimientos para sacarle la vuelta a la propia ley por su ineficiencia e ineptitud.
Hasta donde he averiguado, el juez no habría autorizado la venta del Amadea. Lampadia
