Uri Landman
Para Lampadia
La telenovela norteamericana “Days of Our Lives”, que en castellano se traduce como “Los días de Nuestras Vidas”, se empezó a transmitir de manera diaria el 8 de noviembre del año 1965 hasta que la NBC decidió retirarla de la señal abierta el 12 de septiembre del año 2022.
Con 57 años y más de 13,000 capítulos, es la serie de televisión más larga en la historia de los Estados Unidos. En un principio la telenovela narraba de manera exclusiva la historia de la familia Horton con sus triunfos y tragedias, sin embargo, con el pasar de los años se fueron agregando las historias de las familias Brady, DiMera entre otras.
En el Perú tenemos una productora encargada de entretener al público como si de una telenovela se tratara y se llama Fiscalía de la Nación, la cual, cuenta con sus dos directores estrellas: Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.
Esta productora no trabaja sola, tiene el apoyo de otro estudio que se llama: Poder Judicial. Entre ambas, manejan los procesos judiciales de tal manera, que parecen una telenovela norteamericana, que dura años de años sin que se llegue a la verdad.
Si piensan que exagero les recuerdo que la semana pasada se dictó prisión preventiva en contra de Mauricio Fernandini y Sada Goray. En su caso, la audiencia para evaluar la solicitud de prisión preventiva que presentó la fiscalía, empezó el día 20 de julio y se extendió hasta el 2 de agosto. Luego le tomó al juez tres días para leer la resolución que dictaba 30 meses de prisión preventiva a ambos personajes.
Desde esta columna preguntamos ¿qué necesidad tiene el juez de leer durante 3 días todo el desarrollo de su resolución cuando simplemente puede hacer un breve resumen de una página con sus argumentos y luego con su decisión final? Al fin y al cabo, el poder judicial notifica a las partes con el íntegro de la resolución para que estas puedan ejercer su derecho a la defensa. Imaginen cuánto puede demorar un juicio.
En países como Estados Unidos, la lectura de una sentencia no dura más de treinta minutos cuando mucho y generalmente es mucho menos. ¿Por qué en nuestro sistema judicial se tienen que perder miles de horas hombre en formalismos en lugar de resolver los cientos de miles de expedientes que hay pendientes?
El caso de Mauricio Fernandini y Sada Goray es solamente una gota en un inmenso océano de ineficiencia, manejo amañado, circo mediático y corrupción del sistema judicial peruano.
Analicemos brevemente las “productoras” de esta telenovela. El Ministerio Público, también llamado Fiscalía de la Nación, es el órgano autónomo del estado que se encarga de perseguir el delito. El fiscal, es el encargado de investigar y acusar, en caso que así lo amerite, a todo aquel que haya cometido un delito.
El fiscal puede solicitar una prisión preliminar hasta por 10 días para casos de crimen organizado. Luego de esta primera etapa y si se dan ciertos requisitos, puede pedir al juez que se dicten 36 meses de prisión para que él pueda realizar la investigación y formalizar la acusación. Si después de los 36 meses el fiscal lo considera necesario, puede solicitarle al juez una extensión de 18 meses más.
Lo anterior significa que se está privando a una persona de su libertad, sin ser hallado culpable durante 54 meses, casi 5 años; para que el fiscal tenga el tiempo suficiente de realizar las investigaciones y presentar su acusación. Una violación de sus derechos por donde se le mire.
Los fiscales Vela Barba y Domingo Pérez lo saben muy bien y nos tienen acostumbrados a ello.
En el caso “cócteles” que involucra a Keiko Fujimori, por el cual estuvo recluida hasta en tres ocasiones, el fiscal Pérez recién presentó la acusación luego de 8 años de iniciada la investigación.
Por más complejo que sea un caso, ¿cómo es posible que un fiscal tarde 8 años en presentar una acusación?
En mi opinión, tendría que reformularse el Código Penal. Si en 12 meses el fiscal no es capaz de presentar una acusación con todas las pruebas necesarias para sentenciar a una persona, tenemos dos opciones: la investigación no es concluyente en hallar un delito o el fiscal es un incapaz en realizar su trabajo.
Un caso más escandaloso todavía es el de Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima. El equipo especial Lava Jato liderado por Vela Barba le abrió una investigación preliminar en el año 2018. Han pasado cinco años y ni siquiera inicia el juicio oral en su contra. Afirmo que este caso es más escandaloso todavía, ya que las pruebas que Villarán recibió más de 11 millones de dólares de OAS y Odebrecht están a vista y paciencia de todo el país. Hasta la misma imputada ha reconocido haber recibido la coima.
La otra productora de estas novelas es el Poder Judicial. En nuestro país, estamos acostumbrados que los juicios demoren años y que la corrupción sea la que finalmente dictamine quién es inocente y quién es culpable.
Es necesario reformar todo el sistema judicial peruano para que realmente se haga justicia en el país. La fiscalía debe hacer su trabajo en el menor tiempo posible y sin la contaminación de los actores políticos. El Poder Judicial, debe tener jueces probos y eficientes que impartan justicia de acuerdo a las leyes y no a la corrupción. Así y solo así el país podrá salir del subdesarrollo en el que nos encontramos.
Hay una frase que todos conocemos, que es digna de recordar: Justicia que tarda, no es justicia. Lampadia
