Uri Landman
Para Lampadia
El personaje de Thomas Harris se basa en la historia del “Dr. Salazar”, un médico de nombre Alfredo Balli Treviño, que purgó una condena por 20 años en una prisión de Monterrey, Nuevo México, por haber asesinado y luego descuartizado a su víctima.
El día de hoy, el nombre Aníbal, no lo asocio a un personaje tan siniestro como el de la película “el Silencio de los Inocentes”, sino a Aníbal Torres, el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Castillo.
Desde que fue nombrado, el ministro Torres nos tiene acostumbrado a sus exabruptos con la prensa. Recordemos cuando llamó “muchachito tonto” al periodista Mario Bryce en una entrevista en donde se le preguntó sobre sus afirmaciones de un “supuesto” intento de golpe de estado de Fuerza Popular, sin tener ninguna prueba y donde además afirmó que “correrán ríos de sangre en el país, pero fracasarán”.
Recordemos también cuando salió a criticar al presidente del BCR, Julio Velarde, quien ha sido recientemente galardonado como “Banquero Central de las Américas 2022” por la revista internacional “The Banker”. En aquella vez, Torres manifestó “…Y eso es otra ignorancia absoluta, solamente porque ese gordito dice cualquier disparate, entonces es verdad.” Para luego invitarlo a dejar el cargo “Si no le gusta lo que le digo, también tiene las puertas abiertas para irse. Por una persona no se muere la economía de un país”. Para bien del país, Velarde sigue siendo presidente del BCR.
Imagínense si en un país civilizado, el ministro de Justicia y “Derechos Humanos” se refiere de manera discriminatoria a un ciudadano, llamándolo “gordito” por su aspecto físico, ¿qué hubiera pasado? Estoy seguro que ese ministro hubiera tenido que renunciar el mismo día, pero como nuestro país no califica como “civilizado”, seguimos con la misma persona a la cabeza del Ministerio de “Derechos Humanos”.
Este ministro tan locuaz, tiene poco que decir cuando salió a la luz que su hermano, dueño de la empresa Aldem S.A.C., había contratado con el estado por un monto de 14 millones de soles. Según Torres, la empresa de su hermano ganó la buena pro el 22 de Julio del 2021, muchísimo antes que él asumiera como ministro (exactamente 8 días ates), pero que el contrato fue firmado con el CENARES el 12 de agosto del 2021 sin que él supiera nada el respecto. Según la Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de firmar contratos con el Estado aquellas empresas que tengan como propietarios o apoderados a los hermanos de ministros de Estado.
En los últimos días, hemos sido testigos de la reunión de Torres con el abogado de Castillo, Eduardo Pachas. Luego de la cual, el ministro Torres, deslizó la posibilidad de “revisar el expediente” del procurador Daniel Soria (quien denunció al presidente Castillo ante la Fiscalía) ya que no cumpliría los requisitos.
Al ser consultado el abogado Pachas sobre su reunión con Torres, afirmó que se reunió con el ministro, en vista que este último es un catedrático renombrado y necesitaba recabar jurisprudencia para poder ejercer la defensa del presidente.
¿Será que el ministro Torres da asesorías legales personales dentro de su horario de trabajo? Tendríamos que recordarle al señor Torres, que el ministro de Justicia defiende los intereses del Estado y no del presidente Castillo ya que para eso tiene un abogado defensor como Pachas.
En su confusión de roles, el ministro Torres, parece haber tomado la defensa legal de Castillo dentro de sus funciones. Pero más grave todavía, es que pretenda tomarnos por estúpidos al “afirmar” algo que no dice la Constitución, para defender a Castillo.
Según Torres: “El artículo 117 de la Constitución no habla de acusación fiscal, ahí quiere decir que no se puede acusar o iniciar indagación al presidente, durante el ejercicio de su función porque él debe dedicarse a cosas más interesantes para el país y no tiene que estar atendiendo cualquier denuncia”.
Al referirnos al artículo 117 de la Constitución encontramos algo totalmente diferente: “El presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”. En ningún lado dice que no puede ser investigado durante el ejercicio de sus funciones. Ya el presidente del Tribunal Constitucional ha aclarado que investigar es diferente a acusar.
Sin embargo, como ya es de conocimiento público, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió investigación preliminar contra Castillo, para luego “suspenderla” hasta que termine su mandato dentro de 4 años y medio. Como si las pruebas que pudiera haber contra Castillo quedaran congeladas esperando ser descubiertas en el año 2026. Un absurdo total.
Mientras la opinión pública está ocupada en todos estos escándalos, los comunistas siguen su plan de copar las instituciones del Estado e ir tomando el poder en los diferentes niveles. La semana pasada se dio la primera reunión de prefectos regionales en palacio de gobierno, en donde el común denominador era pertenecer al FENATEP el sindicato fundado por Castillo en 2017 y que tiene claros vínculos con el MOVADEF y por ende con Sendero Luminoso.
No olvidemos la frase de Lenin cuando dijo: “La revolución no se hace, sino que se organiza”. Hay que tener claro que los comunistas en el gobierno, siguen organizándose con su plan de destruir al país, ante la pasividad de muchos de la oposición. Lampadia
