Por: The Economist
Traducción por Gestión
Gestión, 11 de octubre de 2019
Su disolución del Congreso no fue un golpe de Estado, pero podría desestabilizar al país.
En este siglo, el Perú se ha destacado de gran parte del resto de América Latina por dos razones. Primero, su economía ha crecido mucho más rápido gracias a políticas de libre mercado. Mientras que el 55% de la población era pobre en el 2001, hoy solo el 21% lo es. En segundo lugar, a pesar de este rápido progreso, las encuestas muestran que los peruanos extrañamente desprecian a sus políticos y su democracia. Aun así, se ha preservado la estabilidad política.
Ahora dicha estabilidad está bajo amenaza. En julio, el presidente Martín Vizcarra, inmerso en una lucha de poder con un Congreso controlado por la oposición, propuso celebrar elecciones generales (en las que no se presentaría) en abril del 2020, un año antes de lo previsto. Pero una comisión del Congreso rechazó esa idea. El 30 de setiembre, Vizcarra disolvió polémicamente el Congreso, convocando elecciones para un nuevo Parlamento en enero próximo.
Este no fue un golpe, como afirman los más encrespados opositores. Los tribunales y otras entidades del Estado funcionan con normalidad, al igual que los medios de comunicación y una Comisión Permanente del Congreso disuelto. La medida de Vizcarra fue muy popular. Muchos de sus opositores en el Congreso eran corruptos y servían intereses propios, además de ser obstructivos. Pero el hecho consumado del presidente es constitucionalmente cuestionable. Puede llegar a ser visto como el final de un periodo excepcional en el Perú.
El precario equilibrio político se puso en peligro por primera vez en las elecciones del 2016, ganadas con un margen de solo 41,000 votos (de 17 millones) por Pedro Pablo Kuczynski, un exbanquero. Su oponente, Keiko Fujimori, quien había ganado una mayoría parlamentaria, nunca aceptó la derrota. Aunque tenía pocas diferencias ideológicas con el Gobierno, Keiko se propuso derribarlo. Después de que Kuczynski se vio obligado a renunciar por acusaciones de corrupción, Vizcarra, el vicepresidente, asumió el cargo. Fujimori está en la cárcel, bajo investigación (aunque sin acusación) por haber recibido donaciones ilícitas de campaña de Odebrecht, una empresa constructora brasileña. Los seguidores de Keiko lo consideran un caso de injusticia partidaria.
Según la Constitución semiparlamentaria del Perú, el presidente puede disolver el Congreso si este niega dos veces la confianza en sus gabinetes (lo había hecho una vez con Kuczynski). El conflicto se des bordó cuando el Congreso ejerció su poder para elegir nuevos miembros del Tribunal Constitucional, al que está apelando Fujimori.
Confiando en una abierta interpretación de la Constitución, y en vista de que el Congreso aparentemente estaba a punto de someterlo a juicio político, Vizcarra decidió convertir el tema en una cuestión de confianza. “Todos jugaban al borde del abismo, con gran irresponsabilidad”, comenta Martín Tanaka, politólogo de la Universidad Católica en Lima. El Tribunal Constitucional podría decidir sobre las acciones de Vizcarra, pero es probable que tome al menos tres meses.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el Perú como un autócrata entre 1990 y el 2000. Erradicó la inflación y el movimiento terrorista Sendero Luminoso, pero dejó un legado de corrupción sistemática y un país políticamente dividido. El fujimorismo representa algo profundo en la sociedad peruana: el capitalismo popular, la economía informal y la idea de que las reglas deben ser manipuladas en lugar de respetadas. En parte, bajo su influencia, los partidos políticos han sido vaciados y convertidos en vehículos para intereses privados.
En lugar de trabajar con el Congreso, Vizcarra buscó popularidad al defender el antifujimorismo. Sus simpatizantes están jubilosos. Sin embargo, al no incluir candidaturas presidenciales, el nuevo Congreso podría resultar rebelde. Como parte de un intento el año pasado de reformar las instituciones políticas y judiciales a través de un referéndum, Vizcarra incrementó su popularidad con una prohibición de reelección consecutiva para congresistas. Lejos de resolver un problema, la medida creó uno. Los peruanos ya podían desechar la escoria, y a menudo lo hacían. La nueva norma privará al flamante Congreso de experiencia.
El milagro económico del Perú se estaba desvaneciendo de todos modos. Desde el 2013, el crecimiento se ha desacelerado bruscamente. Para recuperarse, necesita ayuda del Gobierno. Varios grandes proyectos de minería y riego están estancados. Vizcarra ha bloqueado una mina y ha demostrado ser un administrador mediocre. Ahora el riesgo es que la política dañe la economía.
No hay respuestas fáciles al conflicto de poderes del Perú. En la década de 1960, un enfrentamiento similar terminó con el derrocamiento del presidente por un golpe militar. Al menos, Perú hoy en día se ha librado de eso. En muchos sentidos, la mayoría fujimorista en el Congreso provocó su propia desaparición. Pero al equivocarse en lo que algunos consideran un abuso de poder presidencial, Vizcarra ha puesto en duda las reglas del juego político peruano; y ha establecido un precedente que puede ser copiado por gobernantes cuyas intenciones sean mucho peores.
