A fines del año pasado, Lima fue elegida como sede de la Cumbre Climática de la Organización de las Naciones Unidas (COP 20), evento que se llevará a cabo en diciembre del 2014 y será un foco de encuentro de más de 12 mil representantes de 194 países. El objetivo de esta cumbre será plantear un nuevo acuerdo climático que será presentado en la COP 21 en París el próximo año.
Como resultado de ello, el Poder Ejecutivo declaró el 2014 como el “Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático”, ante lo cual resulta inevitable preguntarse cuáles serán las medidas que el gobierno considere efectivas para promover la sostenibilidad ambiental.
En el año 2007, el estado aprobó por decreto supremo una tabla de montos fijos de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicable a los combustibles que, tras esfuerzos de las industrias afectadas por demostrar que dichos impuestos causaban pérdidas de eficiencia social y de competitividad, ha sido suspendida a inicios de este año.
De no haber logrado la suspensión del ISC, industrias como la cementera se hubieran visto forzadas a sustituir el carbón –principal insumo productivo- por petróleo o petcoke (combustibles que resultan más contaminantes ante el tipo de tecnología que usan las cementeras nacionales en su proceso productivo). Este factor no se tomó en cuenta al determinar los índices de nocividad del carbón y la consiguiente tasa impositiva.
Este ejemplo pretende hacer notar que las políticas medioambientales pueden generar externalidades negativas si no se plantean de manera adecuada, conforme a las características de los sectores afectados y a la realidad nacional. Por otro lado, existen alternativas con gran potencial, como el impulso del mercado de bonos de carbono peruano que se encuentra rezagado con respecto a otros países de la región como Brasil, Chile, Ecuador y Colombia.
Estos bonos fueron diseñados para que los países desarrollados puedan compensar sus emisiones y a la vez ayudar al desarrollo sostenible de las economías emergentes. La meta de la primera etapa del protocolo de Kyoto era reducir en 5.2% el total de emisiones de 1990 para el periodo 2008-2012 en los países desarrollados. Ahora, la meta es que la UE, Australia y Noruega reduzcan parcial o totalmente dichas emisiones.
En ese sentido, la COP 20 es una oportunidad clave para posicionar al país en el mercado de bonos de carbono, resaltando el potencial de la selva amazónica. Las implicancias del desarrollo de este nicho de negocio ecológico serían diversas: reducción de la tala informal, generación de empleo, impulso de la responsabilidad social corporativa en empresas locales (Scotiabank y Pacífico Seguros son empresas carbono neutrales) y la conservación de la biodiversidad.
El cambio climático es un riesgo global y el país tiene el potencial de ser un agente importante en el intento de combatirlo, tanto a nivel internacional como nacional (las empresas mineras deberían considerar esta alternativa); sólo se necesita que el sector privado y el público sean conscientes de ello, aprovechen la oportunidad que plantea la COP 20 y tomen las medidas necesarias para impulsarla. Lampadia
