Por Sebastiao Mendoça Ferreira
Perú21, 2 de abril de 2018
El Supremo Tribunal Federal (STF) ha generado una crisis en el sistema judicial de Brasil. Días atrás, el STF tomó un acuerdo, preliminar, favorable a un hábeas corpus que suspende la prisión de Lula, aún después de su condena por el TRF-4 de Porto Alegre.
Con su decisión, el STF ha debilitado a uno de los pilares del sistema que encabeza. De ser ratificada, la decisión cuestionará todas las sentencias de los jueces de segunda instancia. Los jueces del STF dicen defender la presunción de inocencia, pero el riesgo es la generalización de la impunidad para los criminales poderosos.
Según el juez Sergio Moro, miles de criminales de alta peligrosidad (asesinos, violadores, traficantes, etc.) se beneficiarían de una decisión que fue tomada para favorecer a una persona.
Esos criminales, hoy encarcelados, podrán apelar para regresar a sus casas y a sus actividades delictivas, y tramitar en libertad los procesos en el STF, y en las tres últimas décadas, el STF ha liberado a más del 96% de los políticos procesados en su foro.
La decisión del STF está desencadenando una reacción nacional. Políticos, jueces, procuradores y líderes de opinión están criticando al STF por el uso irresponsable de su mandato legal.
En una ola de rechazo, más de 3,800 jueces y procuradores han suscrito una carta al STF abogando por la continuidad de la prisión para los condenados en segunda instancia. Los grupos que luchan contra la corrupción están convocando una marcha para que el STF retroceda en su decisión.
El número de participantes va a ser importante para forzar al STF a no profundizar la crisis del sistema jurídico nacional. En una semana sabremos los resultados.
