A solo 75 días del nuevo gobierno, entre 1 y 2 millones de personas se movilizaron en las principales ciudades de Brasil. Las consignas fueron “basta de corrupción” y “fuera Dilma”.
Esta gigantesca manifestación, la más grande en la historia política de Brasil, tiene dos antecedentes: la investigación ‘Lava-a-jato’ de corrupción en Petrobras y las elecciones de 2014.
‘Lava-a-jato’ trajo a la luz que, desde 2003, el PT y sus aliados habían institucionalizado un sistema de coimas con empresas contratistas por miles de millones de dólares, lo que consumió el 85% del valor comercial de la empresa. Siendo Petrobras un orgullo nacional, esa revelación ha generado una fuerte indignación.
En las elecciones pasadas, Dilma derrotó a su rival Aécio por solo 3%. Ella obtuvo esa victoria prometiendo no dar medidas de ajuste fiscal. Dilma sustentó que la economía brasileña estaba sólida, que dichas medidas eran innecesarias y que tendrían por objetivo beneficiar a los ricos a costa de los pobres. Para la sorpresa de sus votantes, Dilma ha iniciado su gobierno aplicando dichas medidas, lo que ha generado una sensación de manipulación en su electorado.
Con su popularidad cayendo y una ola de movilizaciones, el futuro del gobierno del PT está en cuestión. Si las tendencias actuales se mantienen, su coalición se rompe y Dilma no termina su mandato. Sería trágico para el PT.
Ahora el PT y su presidente, Lula da Silva, tienen dos opciones: (1) ganar tiempo y hacer un acuerdo de gobernabilidad con la oposición y el empresariado para seguir con el ajuste fiscal, o (2) girar hacia políticas populistas, y con ello polarizar el país y movilizar la base social del PT. Las dos opciones son profundamente inciertas, pero la segunda tendría un costo político y social mucho más grave para Brasil.
