Roque Benavides
El Comercio, 2 de enero del 2025
Es crucial que se designe a una autoridad dedicada exclusivamente a la formalización económica en minería, respaldada por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Luego de una serie de amenazas de mineros informales de bloquear las principales vías del país, el 27 de diciembre el gobierno promulgó la ampliación por seis meses del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), sistema que nació en 2016 para formalizar a la pequeña minería y la minería artesanal, pero que lamentablemente se ha convertido en refugio de la minería ilegal. La norma establece la opción de que, al final de ese período, el Reinfo se extienda por otros seis meses.
Con esta decisión, nuestras autoridades han optado por evitar conflictos sociales inmediatos, pero es crucial reflexionar sobre su eficacia e impacto a largo plazo.
El Reinfo ha demostrado ser ineficaz, con un enfoque rígido y burocrático que solo ha generado que unos 2 mil inscritos, de un total de 87 mil, lleguen a formalizarse hasta la fecha.
Pero más preocupante es que ha sido utilizado como escudo para encubrir actividades de minería ilegal, una de las principales fuentes de criminalidad en el Perú, comparable al narcotráfico en términos de impacto social y económico negativos. La minería ilegal no solo es un motor de lavado de activos, también se vincula con el sicariato, la trata de personas y el daño ambiental.
Para afrontar esta situación, se requiere promover un reglamento facilitador de la formalización con un enfoque flexible y progresivo que simplifique trámites, que se adapte a las realidades locales y ofrezca apoyo técnico y financiero, sin dejar de lado la labor supervisora. Es crucial que se designe a una autoridad dedicada exclusivamente a la formalización económica en minería, respaldada por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
También será clave supervisar toda la cadena de suministros y proveedores, con énfasis en los reactivos químicos como el mercurio, los explosivos y las plantas de tratamiento. Esta estrategia debe alinearse con criterios laborales, de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y tributarios para proteger a los trabajadores y generar confianza en las comunidades. Sería una alternativa real y sostenible para quienes dependen de la minería.
Si el Reinfo no es clausurado, las consecuencias sociales serán más graves. Sin una estrategia clara, condenamos al país a perpetuar la informalidad, alimentando al crimen organizado.
Debemos combatir la informalidad en nuestra economía. La minería no se escapa de ello, pero no está sola. Este fenómeno alcanza también al sector transportes, la gestión de residuos, el empleo, entre otros. Lo que diferencia a las economías desarrolladas de las emergentes es su grado de informalidad. ¡Apliquemos mecanismos de mercado y luchemos contra la informalidad!
El Perú no puede seguir aplazando las reformas de raíz. Es hora de construir una política minera que equilibre el crecimiento económico con el respeto a la ley, la justicia social y la preservación del ambiente. Solo así romperemos el círculo de la informalidad y ofreceremos a las futuras generaciones un modelo de desarrollo ético y sostenible.
