Por: Roque Benavides, Presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura
Gestión, 31 de marzo de 2021
Comunicación de beneficios de industria debe enfatizarse para captar atención. Pero también reducir la burocracia para sacar un proyecto adelante.
El Perú ha empezado a perder atractivo como destino de inversiones mineras a nivel mundial. Si entre 2017 y 2018 se ubicaba en el grupo de los 20 lugares más atractivos para invertir, hoy está casi a mitad de tabla, tal como lo indica el ranking de inversiones mineras del Instituto Fraser.
Son varios los factores que han provocado esta situación de crisis para la minería peruana, pero considero que hay tres problemas fundamentales que están afectando a esta actividad que es la columna vertebral de la economía: la sobrerregulación que frena los nuevos proyectos mineros, la incertidumbre política con la que debemos convivir los ciudadanos y las empresas, y la crisis provocada por el covid-19 cuyos efectos golpean a la salud pública, la sociedad y la economía en general.
Las evidencias y la visión objetiva de la realidad no dejan dudas sobre el impacto positivo que tiene la actividad minera en el Perú. En el ámbito laboral, por ejemplo, el sector minero formal genera 190 mil puestos de trabajo directo y más de un millón 187 mil puestos de trabajo indirectos, es decir, por cada empleo directo en minería se generan 6.35 empleos en el resto de la economía, de acuerdo a cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE). Otra proyección interesante del IPE señal que la puesta en marcha de la cartera de proyectos de inversión minera que tiene el Perú permitiría generar puestos de trabajo para más de dos millones de personas.
¿qué debemos hacer entonces para que nuestro país sea nuevamente una plaza atractiva para invertir? Propongo tres líneas de trabajo. En primer lugar, debemos reducir la cantidad de instancias por las que debe atravesar un proyecto minero si es que queremos alcanzar la competitividad regulatoria. En la actualidad, nueve instituciones entre ministerios y entes reguladores, están a cargo de un proceso administrativo que puede durar en promedio 150 meses, o doce años medio, para que un proyecto pueda salir adelante.
La segunda línea de trabajo es informarnos bien antes de elegir a nuestros próximos gobernantes, para no caer en el populismo y en la fragmentación política que solo genera incertidumbre, malestar social e inestabilidad. Y, en tercer lugar, es fundamental que superemos la crisis sanitaria que ha generado el covid-19, para lo cual es indispensable el trabajo en equipo entre autoridades, sector privado, fuerzas armadas y la sociedad civil. El proceso de vacunación es clave para superar esta crisis.
El Perú es un país minero, pero también pesquero, turístico, gastronómico e industrial. Tenemos la obligación de poner en valor todos nuestros recursos. Estamos en una aldea global en la que competimos por la inversión nacional y extranjera. Urge entonces comunicar los grandes beneficios que generan las inversiones privadas, como las del sector minero, en generación de empleo y oportunidades, encadenamientos productivos, contribuciones al fisco y desarrollo de infraestructura.
