Roque Benavides, Gerente general de Buenaventura
El Comercio, 29 de mayo de 2016
El Perú es un país minero con un amplio potencial geológico. Nuestros minerales tienen gran demanda en mercados internacionales, como en Europa, Asia y Estados Unidos. Sin embargo, una parte de la producción proviene de actividades mineras informales e ilegales, estas han ido expandiéndose a lo largo del territorio nacional.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha reportado que la minería ilegal en el Perú genera alrededor de US$1.000 millones al año. Estas producciones no pagan impuestos ni regalías, y tampoco generan beneficios para las regiones donde operan. Asimismo, son más de 100 mil peruanos los que están involucrados en estas actividades, realizadas principalmente en Madre de Dios, Piura, Puno, Arequipa y Nasca.
Si bien el Estado ha tomado ciertas medidas para impulsar la formalización y erradicar la ilegalidad, dichos esfuerzos no han sido suficientes. Por ello insistimos en revisar, conocer y analizar las propuestas de los candidatos presidenciales para hacer frente a estos temas que tanto daño hacen a nuestro país.
Comencemos por entender la diferencia entre informal e ilegal. La minería ilegal se realiza en zonas donde está prohibido operar, como áreas protegidas, ríos y lagunas. En cambio, la informal es aquella que no tiene permisos para funcionar pero trabaja en áreas donde sí está permitido hacer minería y, por lo tanto, se podría acoger a los procesos de formalización que la ley determina.
En un reciente conversatorio denominado Formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal: Retos y Propuestas de los Candidatos Presidenciales, organizado por las embajadas de Suiza y Canadá en el Perú, representantes de los dos partidos políticos en segunda vuelta presentaron sus planes. Peruanos por el Kambio planteó crear el programa Oro Limpio para promover la formalización y reducir la minería ilegal que no es formalizable. Fuerza Popular, por su parte, propuso reformular la legislación aplicable a la pequeña minería, pues considera necesario diferenciar las zonas de operación y adecuar las normas a cada realidad.
Un comentario que nos llamó la atención fue el de Max Oemick, ejecutivo chileno de la refinería suiza Argor-Heraeus, quien participó como panelista. Oemick mencionó que del total de la producción mundial de oro, el 15% proviene de la minería informal, dato que es sumamente preocupante. Sin embargo, demuestra que este problema no solo es del Perú.
Si bien todas las propuestas apuntan al mismo objetivo, nos preguntamos: ¿Cuáles son las claves a tener en cuenta para enfrentar exitosamente la minería informal e ilegal?
Desde una perspectiva integral, el Estado debe trabajar de manera coherente y articulada con todos los actores involucrados, incluyendo a los gobiernos regionales y locales. De esta manera tendría mayor presencia y llegada en las zonas donde se ubican estas actividades que están al margen de la ley. Igualmente, las acciones que se tomen deben ser firmes y claras, en un marco de seguridad jurídica y, por supuesto, de seguridad y salud ocupacional.
Es importante generar expectativas de crecimiento para motivar a los pequeños mineros y mineros artesanales a formalizarse, brindando acceso a fuentes de financiamiento y asesoramiento en temas de gestión ambiental responsable, entre otras facilidades. Estas son herramientas necesarias para que la formalización sea sinónimo de progreso y crecimiento. Habría que aplicar mecanismos de mercado como la fiscalización de insumos químicos y petróleo que utiliza este tipo de minería.
Ahí está el gran reto del nuevo gobierno: practicar el rol de facilitador para promover la formalización y ejercer la autoridad para combatir la ilegalidad.
Recordemos que ser formales genera confianza en los mercados, significa contar con un respaldo legal, permite afianzar el camino hacia el desarrollo económico y social e incrementa la calidad de vida de la población.
Lampadia
