Por: Rodrigo Cruz
El Comercio, 22 de Noviembre del 2022
“Queda claro que lo que quieren no es una investigación transparente, sino impunidad”.
Llama la atención la tranquilidad con la que está reaccionando el Ejecutivo a las amenazas de muerte que vienen recibiendo los miembros del equipo especial de la fiscalía. No hablamos ya de un hecho aislado. Hace un mes, dos informantes le advirtieron al coronel PNP Harvey Colchado de que un tal ‘Español’ estaba reclutando delincuentes al norte de Lima para atentar contra su vida, la de su colega Walter Lozano y la de la fiscal Marita Barreto. Semanas atrás, se halló entre las cosas de un interno del penal Sarita Colonia un manuscrito donde aparentemente se coordinaba con sicarios un trabajo semejante. Y hay una tercera amenaza que llegó hace un par de semanas al equipo especial de boca de un colombiano que les advirtió que existía un interés de captar desalmados con el propósito de ultimarlos.
Desde luego, estas amenazas ameritan una investigación seria para identificar y neutralizar a sus promotores o, de ser el caso, archivarlas por falta de pruebas. Tengo entendido que la fiscalía ya está investigando, pero, de nuevo, llama la atención la pasividad del gobierno de Pedro Castillo. No han hecho acción alguna para ayudar a esclarecer lo que está pasando. ¿Están esperando que una de estas amenazas se concrete para recién reaccionar? Prefiero pensar que no. ¿O será que son personas cercanas al régimen las que están detrás de estas intimidaciones?
Estamos ante una prueba más del doble discurso de Palacio. Por un lado, dicen que van a colaborar con las investigaciones porque no tienen nada que temer, pero, por el otro, se le recorta desde el Ministerio del Interior el presupuesto a la división del coronel Colchado. En las plazas aseguran que todo es parte de un plan “golpista”, pero cuando son convocados a declarar a la fiscalía guardan silencio frente a los indicios graves de corrupción. Y ahora estas amenazas, que pareciera no importarles, al tiempo que Castillo y Aníbal Torres despotrican sin guardar ninguna compostura contra quienes los investigan. Queda claro que lo que quieren no es una investigación transparente, sino impunidad.
¿Y el ministro del Interior, Willy Huerta? Su prioridad pareciera estar en la primera semana de diciembre, cuando comienza la evaluación de los generales que deben pasar al retiro para, así, asegurar la continuidad del control político en la PNP. O tal vez contratar a personal cercano a Vladimir Cerrón en su sector, como la excandidata a teniente alcaldesa de Lima por Perú Libre, Margarita Santos Ramírez, que desde el 24 de octubre trabaja como consultora del despacho ministerial. En cambio, sobre apoyar las investigaciones de las amenazas o aumentar el resguardo del equipo especial de fiscales, nada. ¿O están esperando que pase lo peor?
