Por Rodrigo Botero Montoya, Colombia
Brasil finalizó el año 2015 con una tasa de crecimiento cercana a menos 4 % del PIB, una inflación de dos dígitos y desempleo en alza, habiendo perdido el grado de inversión para su deuda soberana. La falta de apoyo para hacer el ajuste fiscal necesario provocó la renuncia del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, a los doce meses de haber iniciado labores. La presidenta Dilma Rousseff enfrenta un juicio político para removerla del poder. La empresa estatal Petrobras ha sido sacudida por denuncias de desfalcos y sobornos a gran escala que involucran a funcionarios, contratistas y parlamentarios.
Para el año 2016 se espera una caída del PIB del orden de 3%, y una tasa de desempleo cercana al 10%. Para un país que aspira a ser percibido como una potencia mundial, este desempeño es deplorable. Implica un retroceso con respecto a los países industrializados y a las principales naciones emergentes. En América Latina, sólo Venezuela registra resultados económicos peores.
Brasil está cosechando las consecuencias de haber intentado sustentar el crecimiento en el aumento desmesurado del gasto público, la reducción de la tasa de interés por presión política y el suministro de crédito subsidiado a determinados sectores seleccionados por el gobierno. Ese esquema, denominado nueva matriz macroeconómica fue una innovación del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Dentro de un contexto de capitalismo de Estado, empresas llamadas a convertirse en ‘campeones nacionales’ reciben un tratamiento privilegiado en forma de subsidios, protección contra la competencia externa y acceso preferencial a las compras del sector público. El grado de intervencionismo estatal que requiere la implementación de este modelo estimula la proliferación de trámites burocráticos y aumenta las oportunidades de que se establezcan relaciones irregulares entre representantes de intereses particulares y funcionarios gubernamentales.
Los hechos han confirmado que las directrices económicas y de política internacional adoptadas por los gobiernos del PT conducen a resultados desfavorables. Es de celebrar que Colombia se hubiera abstenido de aceptar la invitación de adherir a Mercosur, y aceptar el liderazgo comercial y diplomático de Brasil que dicha invitación llevaba implícita. Además, el sesgo chavista del gobierno brasileño se tradujo en gestos inamistosos hacia el país, que dejaron cuentas pendientes en la relación bilateral. En febrero del 2010, Paulo Nogueira, el Director Ejecutivo en el Fondo Monetario Internacional por la silla que Brasil compartía con Colombia, destituyó a la Directora Alterna, María Inés Agudelo, un atropello sin precedentes. Esto condujo a la decisión de Colombia de trasladarse a compartir una silla con México y España. A raíz de la expulsión masiva de familias colombianas de Venezuela en agosto del 2015, el voto de Brasil fue decisivo para impedir que el tema fuera discutido en el Consejo de la OEA.
Las políticas del gobierno de Dilma Rousseff han llevado a un fracaso cuya rectificación va a requerir varios años. El costo para Brasil de la ideología estatizante, la incompetencia y la corrupción del gobierno del PT, es la perspectiva de experimentar otra década perdida.
