El Comercio, 21 de febrero de 2017
Los recientes episodios de corrupción, el anormal clima y un ambiente político enrarecido parecen haber obligado al gobierno a aceptar un ritmo de crecimiento más lento para este año. Economistas, bancos y consultoras privadas están también rebajando sus proyecciones. Las razones que ellos exponen son reales: la cancelación de un megaproyecto y demoras en otros, la probable mayor dificultad para lanzar grandes obras públicas o asociaciones público-privadas debido a pasados actos de corrupción, los daños causados por los huaicos y, finalmente, una pérdida parcial del gran aumento que registró la confianza empresarial luego de las pasadas elecciones. Muchos interpretan esta especie de resignación del gobierno ante un conjunto de circunstancias adversas como una muestra de realismo económico. Sin embargo, más que resignación, el gobierno requiere más acción. Su obligación es adoptar una postura de activa búsqueda de fuentes de crecimiento y la adopción de medidas para que esa caída en el crecimiento no ocurra. En un país con las fortalezas macroeconómicas como las que el Perú posee, la acción y liderazgo del gobierno son no solo indispensables; constituyen el ingrediente elemental que determinará el resultado final.
Hay demasiado en juego. Aceptar una tasa de 3% o aun menor como algunos auguran es aceptar que los 300 mil jóvenes que ingresarán este año a la fuerza laboral no encontrarán empleo decente, que el nivel de pobreza no disminuirá ni un ápice y que millones de peruanos acumularán para los años siguientes miseria y precariedad económica.
La gran crisis de la década pasada nos brinda el ejemplo perfecto para graficar la manera en la que un ambiente de incertidumbre como el actual, sumado a la pasividad de un gobierno, se convierte rápidamente en causa del estancamiento económico. En el 2009, el crecimiento del Perú se desplomó después de crecer los cinco años anteriores a la espectacular tasa de 7,3% por año. No cabe duda de que la situación internacional golpeó severamente a gran parte de las economías del mundo al generar un súbito freno en el financiamiento, la abrupta caída en el comercio internacional, devaluaciones masivas, caídas en el empleo, fuga de capitales y otras calamidades. Pero nada de eso sucedió en el Perú, y aun así el crecimiento pasó del 9,1% en el 2008 al 1% el año siguiente. En gran medida fue el miedo a la crisis mundial y no la crisis misma la causante de la gran parálisis en el crecimiento. La incertidumbre y el miedo estuvieron detrás de la caída de más de 15% en la inversión privada acompañada por una fuerte disminución de los inventarios. Así de simple. ¡Si ello no hubiera ocurrido ese año, el país habría crecido 8,1%!
Para que el Perú no reviva el episodio del 2009, el gobierno debe concentrar todos sus esfuerzos en reanimar la inversión privada y pública. Le asiste el hecho de que, a diferencia del gobierno anterior con su claro desdén por la inversión privada, el gobierno actual cree firmemente su papel en la promoción del crecimiento y el progreso. En el mismo sentido, debería ser menos complicado impulsar la inversión a partir de su actual deprimido nivel (US$10.000 millones menos que en el 2013). Recuperar solo la cuarta parte de la inversión anual perdida añadiría 1,3 puntos porcentuales al crecimiento.
El ministro Thorne ha anunciado que presentará al país un plan de acción reactivador, y el presidente Kuczynski al promulgar su reciente Decreto de Urgencia (Nº 003-2017) ha enviado un potente mensaje dual: asegurar el resarcimiento estatal, reteniendo ingresos por las ventas de activos de las empresas corruptoras y al mismo tiempo evitar la paralización de los proyectos. Es un buen comienzo, pero ese esfuerzo debe ir mucho más allá. Debe ordenar a todo su Gabinete y al buen equipo actual al mando de Pro Inversión a colocarse en ‘modo inversión’ y demandar de ellos que, como jefes de los entes rectores, garanticen que los miles de programas y proyectos se ejecuten a cabalidad. No debe haber excusa para que la inversión pública no crezca 20% más que en el año pasado.
Finalmente, la Presidencia del Consejo de Ministros debe aprovechar el trabajo que culminó con la publicación de 112 decretos legislativos. Estos incluyen reformas revolucionarias que, por su falta de difusión, son desconocidas por empresarios y el público en general. Ni la propia administración pública llamada a ponerlas en práctica las conoce a cabalidad. Una campaña de comunicación bien orquestada puede reanimar la confianza empresarial, con un bono adicional de aumentar (o al menos frenar la caída) la popularidad presidencial.
