Richard Webb, Director del Instituto del Perú de la USMP
El Comercio, 29 de noviembre de 2015
Hace un par de meses, en estas páginas, Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, pidió una revisión y corrección de la descentralización. De los gobiernos regionales dijo que su desempeño “va de mediocre a desastre”, citando retrasos en la ejecución de gastos, corrupción, y falta de liderazgo contra los movimientos radicales. El proceso que dio origen al sistema, dijo, fue apresurado, desequilibrado y olvidó asegurar el papel de tutor y supervisor que le correspondía al Gobierno Central. Concuerdo plenamente con su llamado a una reflexión sobre la descentralización, pero sugiero poner la atención, no en el gasto no realizado, sino en el volumen y calidad del gasto sí efectuado. Además, la mirada revisora debe incluir a los municipios provinciales y distritales que ejecutan más de la mitad de la obra descentralizada.
Criticar el atraso en la ejecución del gasto descentralizado es desviar la atención de un hecho histórico, el extraordinario aumento en el gasto efectuado por las municipalidades. El gasto promedio anual de esas entidades durante los últimos cinco años ha sido de aproximadamente 10.100 millones de soles, cifra 44 veces más alta que la cifra anual entre 1970 a 1990. Hoy, por donde uno viaje en el país, llega a pueblos recorriendo caminos que no existían hace un cuarto de siglo y observa que gran parte de las construcciones –el municipio, el mercado, la posta médica, las escuelas, los núcleos preescolares, las plazas bien cuidadas, el coliseo, los sistemas de agua potable y de desagüe– son relativamente nuevas. En las áreas rurales también se descubre la obra reciente de los municipios, en proyectos de riego tecnificado, pequeñas redes de agua potable, invernaderos comunales y atractivos turísticos como aguas termales, cuevas y restos arqueológicos. En pocos años esta gigantesca obra ha transformado el interior del país. Nunca antes se había invertido tanto en infraestructura que directamente mejora la calidad de vida, impulsa la producción y levanta el orgullo y la aspiración de la población que vive en el interior del país.
Estos nuevos presupuestos locales no se limitan a las construcciones. Uno de los gastos corrientes asumidos por los presupuestos municipales es el mantenimiento y la rehabilitación de los caminos, tarea siempre descuidada cuando el encargado era un ministerio ubicado en Lima, al que llegaban tardíamente las noticias del algún derrumbe o invasión de aguas que impedía el tránsito en algún camino vecinal y que, en todo caso, era un problema lejano y sin amenaza política para los funcionarios del ministerio. Hoy, las interrupciones del tránsito son responsabilidad de un alcalde elegido y directamente informado por los vecinos afectados. La creación de ‘accountability’, o sea de amenaza y por lo tanto respuesta política efectiva, se extiende a otras necesidades locales. El alcalde, por ejemplo, no puede hacer oídos sordos cuando el Ministerio de Educación no manda suficientes maestros al colegio de algún centro poblado o cuando el Ministerio de Salud deja sin atención a algún grupo poblacional y con frecuencia entonces usa su presupuesto para contratar maestros o crear una posta de salud satélite en su distrito.
Un reexamen de la descentralización se debe llevar a cabo poniéndose en los zapatos del ciudadano del interior del país. Sugiero, por ejemplo, que el lector limeño de esta nota imagine cómo sería su vida si el alcalde de su distrito tuviera su domicilio permanente en Arequipa. Cada vez que resultara necesario reparar una pista o poste de luz caído o desagüe atorado en su distrito o tomar cualquier otra iniciativa de gasto, el distrito limeño tendría que esperar un visto bueno llegado desde esa ciudad del sur.
