El ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha publicado una persuasiva lista de cuatro líneas de acción para mejorar las escuelas. No obstante, sugiero añadir una quinta línea, que pondría como primera en la lista: eliminar la corrupción y la informalidad de los maestros, funcionarios, padres, estudiantes, y otros que tenemos algo que ver con la educación nacional(o sea, de la mayoría de la población).
Hace nueve años, la ex ministra de Educación Gloria Helfer y tres coautores publicaron un reporte titulado “Educación libre de corrupción”, en el que dieron cuenta de diversas modalidades de vicio y de corrupción en el sistema educativo: nepotismo, intromisión partidaria, tráfico de plazas, apropiación ilícita de remuneraciones, ejercer el cargo pese a tener sanciones penales y administrativas, cobros irregulares en el movimiento de personal, maltrato físico a estudiantes, falsificación de documentos, cobro por emitir notas, constancias, licencias y permisos, acoso sexual, abuso de autoridad, colusión con editoriales para la adquisición de textos, y apropiación de lo recaudado en las asociaciones de padres de familia. En un libro, editado este año por Bruno Revesz del Cipca (Centro de Investigación y Promoción del Campesinado), el especialista en educación Robespierre Bayona cita y secunda lo dicho por Helfer.
Hace seis años, Sofía Valencia y yo realizamos un estudio para entender mejor las causas del bajo rendimiento del maestro estatal peruano. Empezamos consultando a varios estudiosos de la educación, pero nadie nos preparó para la abrumadora prevalencia de la informalidad y corrupción que encontramos en las conversaciones con maestros, directores de escuela y funcionarios, en Lima y provincias. Lo que más se comentaba no era la gran corrupción, la que amerita titulares en los medios, sino la corrupción hormiga, los cobros por notas, por ejemplo, pecadillos que no pasaban del nivel de un umbral tolerable. Con todo, impresionaba la escala del fenómeno. El director de educación de una región, con cuarenta años de maestro, dijo: “Estamos en manos de una mafia. Los certificados de pedagogía se han convertido en una industria de producción en masa. El 90% de los profesores se dedica al negociado. Las notas se venden”.
Se tolera una masiva indisciplina e informalidad. El director de una escuela en Lima dijo: “Hay que ser tolerante. Es difícil pedir a los profesores que asistan a programas de capacitación o coordinar porque les exigiría sacrificar sus trabajos extras. Cuando suena el timbre de la una en punto salen corriendo. Se ha perdido la disciplina laboral”. La prevalencia de segundos trabajos, a pesar de la condición de ser profesor a tiempo completo, fue ilustrada por Felix Anchi, quien estudió la vida de 32 profesores de una escuela en San Juan de Lurigancho. Ese pequeño grupo de docentes recurría a 21 oficios adicionales para ganarse la vida, entre ellos venta de ropa, pollos, joyas de oro, cosméticos, zapatos y servicios informáticos, fotografía, taxi y psicología.
Sin disciplina y sin ética laboral, no bastará mejorar los sueldos, ni revisar los planes de estudio, ni capacitar más. Pero la formalidad y la ética del sistema educativo es un reflejo de la cultura del país, como sucede con el desorden del tráfico. ¡Vaya el reto de un ministro de Educación!
Publicado en El Comercio, 09 de diciembre de 2013
