Por Richard Webb
El Comercio, 26 de octubre, 2015
Según la Constitución, todo peruano tiene derecho a un acceso equitativo a la salud y es obligación del Estado asegurar el cumplimiento de ese derecho. En un país de extrema desigualdad y grandes distancias físicas y culturales, ¿tenemos igualdad en el acceso a la salud?
Una respuesta favorable se sustenta en la extraordinaria mejora que se ha producido en la duración y en la calidad física de la vida. La buena salud se refleja directamente en el salto producido en la duración de la vida humana. El peruano nacido en 1950 tenía una expectativa de apenas 43 años. El que nace hoy puede esperar vivir casi el doble, 73 años en promedio. Además, esa mayor duración implica un mejor estado de salud durante la mayor parte de su vida. La mayor duración de la vida se ve reflejada también en la caída drástica de la mortalidad infantil, que en ese mismo período se ha reducido de 163 a 20 por cada mil nacidos, y en la mortalidad materna, reducida de 265 madres que morían por cada cien mil alumbramientos a 67 en la actualidad.
En mi opinión, este es el mejor indicador del progreso general en la salud de una nación. Cabe resaltar además que, a diferencia de los indicadores económicos más usados, como el ingreso por persona, la expectativa de vida es una estadística inherentemente democrática. Rico y pobre tienen el mismo peso en el cálculo de ese promedio. Por contraste, cuando mejora el ingreso per cápita de un país, la explicación dependerá en mayor parte de lo que suceda con la economía de los más ricos.
La mayor duración y calidad de vida es resultado más de la salud preventiva y del desarrollo general que de la atención a la salud curativa, encargo principal del Ministerio deinversión,infraestructura, Salud. Ciertamente las postas de salud y la atención primaria contribuyeron sustancialmente a esos buenos resultados, pero la mayor parte de la mejora debe atribuirse a la urbanización, la educación y el desarrollo en las comunicaciones. Ha sido determinante, sobre todo, la inversión en infraestructura de agua y saneamiento. Hace medio siglo casi no existía agua potable de red en los hogares rurales. Hoy, dos de cada tres hogares tienen agua de una red y la mitad utiliza pozos sépticos o redes de desagüe.
Pero el reclamo público se centra en la atención curativa, más que en la prevención. La gran iniciativa en ese aspecto ha sido la creación del Seguro Integral de Salud (SIS), que asegura sin costo a la población más pobre, esperando así reducir la gran brecha que siempre ha existido en el Perú en el acceso a la atención médica. En un estudio reciente, “Aseguramiento de la salud en el Perú”, la economista Margarita Petrera ha evaluado el grado de cumplimiento del mandato constitucional en el Perú hasta el 2014, aprovechando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).
Según Petrera, el uso de los establecimientos de salud se ha elevado sustancialmente durante la última década, y los afiliados al SIS acuden con mayor frecuencia. Sin embargo, la mitad de los afiliados que tuvieron necesidad de atención no han acudido a los servicios públicos del ministerio, lo que evidencia que persisten barreras al acceso más allá del costo de la atención, como la distancia a un establecimiento, la demora y el maltrato de los funcionarios. En cuanto a la salud curativa, aún estamos lejos de una atención equitativa.
