Ricardo León Dueñas
Expreso, 20 de febrero del 2025
Lima es una megalópolis que tiene alrededor de 12 millones de habitantes en aproximadamente 2,700 km2, una de las más grandes aglomeraciones urbanas de América Latina. Siendo la capital del país, concentra cerca de un tercio de la población del Perú. Es incuestionablemente el centro del país, concentrando la inmensa mayoría de la actividad política, económica, financiera, social y cultural. Fundada hace cerca de 500 años, tiene además una estratégica ubicación geográfica (en el centro de la costa sudamericana y con un gran frente al océano Pacífico). Resulta, por tanto, una urbe muy importante y atractiva para muchos fines.
Una ciudad que ha tenido un desarrollo exponencial, muy desordenado, caótico y sin la mínima planificación requerida. Una de las características de esta situación la constituye un ordenamiento jurisdiccional absurdo, uno que viene de hace demasiado tiempo y que lamentablemente se ha ido consolidando, llevando a complicar la administración de la ciudad.
Existe un alcalde metropolitano, uno que es elegido con un concejo de regidores (siempre con mayoría del ganador), pero cuyo ámbito de acción resulta paradójicamente limitado, reduciéndose su gestión a determinadas áreas y temas de la ciudad. Por su parte, también existen 43 alcaldías distritales que, a su vez, administran sus respectivas áreas de influencia. Se produce, por tanto, una superposición de funciones, pues cada alcalde distrital se debe a sus vecinos.
Hoy Lima es una ciudad absolutamente poblada que abarca desde Pucusana en el sur hasta Ancón en el norte, y desde el este con Chosica hasta San Miguel por el oeste, limitando a su vez en este punto cardinal con la Provincia Constitucional del Callao (el principal puerto del país y que incuestionablemente debe integrarse política y administrativamente a Lima).
Urge, por tanto, una total y absoluta reorganización de esta administración compartimentada y probadamente fallida, que ha hecho de Lima una ciudad donde existen pequeños feudos distritales que muchas veces se contraponen a las decisiones del burgomaestre metropolitano. ¿Qué sentido tiene una autoridad que administra zonas de la ciudad donde los límites son avenidas o calles? ¿Qué tipo de uniformidad y concentración de decisiones en beneficio del vecino puede haber?
Fuera de lo exiguo de los presupuestos municipales, por un equivocado y demagógico concepto de descentralización existente, Lima cuenta con un presupuesto menor al de muchas ciudades sudamericanas mucho más pequeñas. Así, obras necesarias se ven postergadas no solo por gestiones ineficientes, sino por falta de recursos y esta superposición de facultades. Inclusive, hasta el gobierno central (vía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tiene injerencia en la ciudad al ser el responsable del anhelado Metro de Lima.
Por lo expuesto, es necesaria una reforma integral y revolucionaria, una donde se siga eligiendo a un alcalde de Lima y su concejo de regidores, pero eliminándose todas las alcaldías distritales. Así, se le entrega a esta autoridad el poder y control real y absoluto de la ciudad. Difícil y hasta polémica decisión, sin duda, pero absolutamente necesaria.
