Ricardo León Dueñas
Expreso, 27 de junio del 2024
Es un secreto a voces que existe un pequeño grupo de gente muy influyente que viene controlando tras bambalinas el país y desde hace varios años: la denominada casta progre/caviar. Muchos podrán objetar sino desconocer y hasta burlarse de esta afirmación, pero las evidencias son cada vez más contundentes. No solo por la escandalosa cooptación de los operadores de justicia, que junto a una prensa venal y mediocre han perseguido inmisericordemente a sus enemigos y han sido demasiado complacientes con sus socios y amigos, si no ahora con la constatación del robo a mano armada de una elección presidencial…nada menos.
Las declaraciones del colaborador eficaz Salatiel Marrufo, el mismo que con su testimonio en diciembre de 2022 propició la caída de Pedro Castillo, quien luego muy torpemente intentó un fallido golpe de Estado por el que hoy cumple una prisión preventiva, ha revelado lo que todos sabíamos y que fue minimizado y hasta desconocido por una prensa vendida a los intereses de la izquierda: el escandaloso fraude perpetrado contra Keiko Fujimori en las elecciones generales del 2021, favoreciendo descaradamente a la fórmula de Pedro Castillo-Dina Boluarte (Cerrón ya había sido descartado), con la abierta complicidad de un infame Jurado Nacional de Elecciones, presidido por Jorge Salas Arenas.
Lo que acaba de develar Marrufo es sumamente grave, un colaborador eficaz no puede mentir, de hacerlo le acarrearía la inmediata revocatoria de su libertad y acabaría en la cárcel. Es decir, el sujeto se juega su pellejo, así de simple y sencillo. Y si bien, lo revelado debe pasar por una fase de corroboración, el nivel de detalle y verosimilitud que su declaración contiene, debe llevar no solo a la inmediata destitución de Salas Arenas, un personaje controvertido y que con su conducta nefasta ha sido –y es– un peligro para la democracia en el Perú, si no una vez levantado su fuero constitucional se le debe procesar penalmente por los delitos cometidos junto a sus cómplices.
Y si bien no hay duda que tenemos un sistema de justicia fallido y encanallado; con un Ministerio Público sumamente politizado además de profundamente ineficiente que persigue implacablemente a sus enemigos, demorando infinitamente los procesos y que transcurridos varios años no puede llevar sus interminables procesos de investigación a la fase de juicios orales, ya ni decimos sentencias condenatorias, un Poder Judicial pasmado y convertido muchas veces en una simple mesa de partes del Ministerio Público y una Junta Nacional de Justicia absolutamente sesgada y desprestigiada; ahora reconfirmamos la existencia de un JNE que no solo no imparte justicia electoral y garantiza elecciones limpias y democráticas, sino que jugó en pared con operadores mafiosos para pervertir la voluntad popular en las urnas. Gravísimo.
