Ricardo León Dueñas
Expreso, 17 de octubre del 2024
Tiene toda la razón el congresista Fernando Rospigliosi cuando afirma que el sistema de justicia está colapsado y, además, podrido, salvo honrosas excepciones. A este colapso y podredumbre, que viene de muy largo tiempo, se le tiene que agregar la extrema politización tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial y, por supuesto, en la inefable Junta Nacional de Justicia.
Sin embargo, a gran parte de la prensa solo le interesa —al más puro estilo del sicariato— golpear puntualmente al Ejecutivo y al Congreso, ambos sometidos a un intenso fuego graneado de primeras planas, reportajes televisivos sesgados, periodistas/activistas y las siempre “confiables” y selectivas encuestas, que no son otra cosa que eficaces instrumentos para las campañas de la argolla roja/progre/caviar que persigue moldear un sistema democrático acorde a sus intereses particulares.
El Congreso y el Ejecutivo podrán ser todo lo impopulares e impresentables que se quiera, pero tanto la mandataria como los parlamentarios han sido elegidos por votación popular libre y soberana. Nadie discute que Dina, ciertos ministros y algunos congresistas se han ganado a pulso el repudio ciudadano, pero también, en honor a la verdad, si bien el Ejecutivo no da pie con bola, el Congreso ha legislado acertadamente en temas de justicia; acotando debidamente la tipificación de organización criminal, poniendo coto a la interminable persecución a policías y militares que derrotaron al terrorismo, y restableciendo la potestad investigativa de la policía… como sucede en todo el mundo. Que los operadores de justicia no apliquen debidamente dichas normas o que algunos de ellos —en franca rebeldía— no quieran cumplir dichas leyes es algo gravísimo —nunca antes visto— que grafica el estado de caos y anarquía en el que vivimos.
La terrible inseguridad ciudadana que sufrimos no es un problema reciente ni es culpa de las leyes promulgadas recientemente, como la izquierda, la gran prensa venal y los operadores políticos de algunos gremios nos quieren hacer creer. Es un problema que se ha ido gestando a lo largo de los últimos años por pésimas gestiones de gobiernos manejados por la referida argolla, una corrupción rampante y la siempre nefasta presencia de la demagogia progresista y comunista.
Queda absolutamente claro, entonces, que NO es un problema de leyes, es uno que tiene que ver con la mala fe e incapacidad de malos gestores a través del tiempo, unido a un perverso sistema de justicia que, en complicidad con la gran prensa, se ha dedicado a perseguir a sus enemigos políticos y no a la delincuencia. Finalmente, tenemos que escuchar el mismo cuento de siempre: piden mano dura y firme contra la criminalidad y exigen restablecer el principio de autoridad, pero cuando las fuerzas del orden lo hacen, entonces salen esos mismos que pedían decisión y firmeza para debilitar a la policía y autoridades, inventando derechos humanos de los delincuentes y exigiendo sanciones para quienes nos protegen.
