El Comercio, 24 de Marzo de 2017
Tuve el honor de participar en un evento, por diversos motivos, extraordinario. Recibí una invitación de la Fundación Getty para estudiar in situ monumentos claves del arte español en Milán, Nápoles y Roma. El formato académico del evento era singular: profesores y alumnos universitarios de Europa, América del Norte y del Sur fueron convocados para analizar el arte “virreinal” italiano y americano en clave comparativa.
Entre los siglos XV y XVII, España tuvo bajo su dominio partes importantes de Europa, África, Asia y América. Estos gigantescos dominios formaron parte de un imperio católico que inauguró la Edad Moderna o la primera era globalizada de la humanidad. El arte cusqueño también hacía referencias transculturales. Una escena del inmenso mural a la entrada de la iglesia jesuita de Andahuaylillas, por ejemplo, muestra una barquita repleta de chinos que se encamina irremediablemente a la boca abierta del infierno. Utilizando una suerte de “antropología comparada”, con ello se mostraba cuál sería el destino del hombre andino si, al igual que los chinos, no renunciaba a su culto idolátrico a los ancestros.
En pocas palabras, el intercambio intelectual y artístico ocurrido dentro de los confines del imperio español se debió en parte a la gran diversidad racial, lingüística y cultural de los pueblos bajo su dominio. De aquí la miopía histórica de quienes solo estudian el arte virreinal peruano pensando exclusivamente en la configuración territorial del Perú tras su independencia, en 1821. Antes de retornar al Perú, utilicé los servicios de la compañía DHL para enviarme a mí mismo un lote de libros vinculados con la historia del arte virreinal. Se trataba de publicaciones recientes realizadas por museos y universidades italianas y españolas. La mayoría de los textos eran obras ilustradas con láminas a color.
A los pocos días de llegar a Lima, una comunicación de DHL me anunció que aduanas había confiscado mi “mercancía”. Según la Ley 26219, del 13 de agosto de 1993, está prohibida “la importación, comercialización, edición, impresión, distribución de impresos, textos cartográficos, geográficos, históricos, cuadernos y cualquier otro material de naturaleza similar en que aparezca mutilado el territorio nacional”. Esta norma se originó durante los conflictos fronterizos entre el Perú y Ecuador, cuando se habría impreso mapas apócrifos de nuestro territorio nacional. Pero como el reglamento de la ley no especifica qué tipo de cartografía debe censurarse, ni sincera la razón de ser de esta ley, deja abierta una grieta para la especulación y la trampa, por no decir el lucro.
De hecho, todos mis libros fueron retenidos porque entre ellos había una publicación de la editorial Iberoamericana del 2016. Se reproduce un mapa del Perú donde figuran las ciudades del Virreinato peruano que, en el siglo XVIII, habían sido cuna, según expedientes históricos conservados en Sevilla y México, de la nobleza inca en tiempos de Carlos III.
DHL me advirtió que, para estos casos, existía un procedimiento forzoso a seguir. Debía enviar una carta a la cancillería relatando lo ocurrido. La solicitud ingresaba por mesa de partes y el Ministerio de Relaciones Exteriores luego enviaba a un perito a aduanas para la inspección de la cartografía cuestionada. Debo señalarlo: cancillería se comportó con gran diligencia y gentileza, pero reconoció que estaba sujeta a la ley. También se me anunció que si no resolvía el caso favorablemente, intervendría el Instituto Geográfico Nacional, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, la Sociedad Geográfica de Lima, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
El procedimiento ha durado más de tres semanas. Pese a que fue una “falsa alarma”, los costos de almacenaje, impuestos, entre otros gastos adicionales, bordean los mil soles y todo ello recae sobre el usuario. Hecha la ley, hecha la trampa.
El pésimo reglamento de la Ley 26219 (hoy anacrónica y que debería ser derogada o corregida) se presta ahora para perpetrar abusos lucrativos a nombre del Estado.
Propicia un “crimen perfecto”, pues justifica el atraco a ciudadanos de a pie utilizando el loable discurso patriótico de la defensa de la soberanía nacional. Lo irónico en este caso es que se ha activado la costosa maquinaria administrativa del Estado por un mapa del siglo XVIII cuando la extensión territorial del Perú aún incluía a la Capitanía de Chile y al Ecuador.
