Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 8 de febrero del 2026
“Combatir la informalidad y la corrupción exige algo más que parches o nuevas sanciones. Requiere una reforma integral que ataque la raíz del problema”.
Cuando uno conversa con emprendedores y ejecutivos en el Perú, el diagnóstico suele repetirse: emprender es lento, caro y complicado. Los permisos y regulaciones hacen que casi cualquier iniciativa demore más de lo razonable y cueste mucho más de lo necesario. Este problema existe en muchos sectores, pero alcanza su máxima complejidad en la minería, donde la cantidad de requisitos, autorizaciones y supervisiones puede volver prácticamente inviable operar dentro de la legalidad.
Es importante hacer una distinción clave. No todos los mineros informales están vinculados a actividades criminales como el lavado de dinero, la explotación laboral o el daño ambiental deliberado. Muchos son actores que quedan atrapados en un sistema que hace casi imposible cumplir la ley. Cuando la formalidad exige años de trámites, altos costos y una incertidumbre constante, la informalidad deja de ser una elección y se convierte en una salida forzada.
Ser formal en el Perú es difícil por dos razones principales. La primera: desde el Congreso, ante cada problema se responde con más leyes, sanciones y restricciones. En lugar de facilitar el cumplimiento, se eleva la barrera de entrada a la formalidad. La segunda: desde la administración pública, los funcionarios agregan capas de reglamentos y requisitos, muchas veces para protegerse ante auditorías o responsabilidades legales. Así, pueden decir que “pidieron todo” si algo falla. El resultado es un sistema burocrático enredado, que no resuelve problemas reales y termina generando incentivos perversos.
Cuando cumplir la ley es excesivamente caro y lento, aparece la llamada discrecionalidad del burócrata. El funcionario explica lo complejo del trámite y las demoras que vendrán. Para entonces, el empresario ya ha invertido tiempo y dinero, y retroceder no es una opción. En ese contexto surge la “solución rápida”: un atajo informal que evita meses o años de espera. La disyuntiva es brutal: pagar una dádiva o perderlo todo.
Así, el sistema empuja al funcionario y al empresario hacia la corrupción. El primero suele justificarse con su bajo salario y el temor a sanciones. El segundo sabe que denunciar puede significar el cierre de su negocio. El exceso de normas, lejos de prevenir la corrupción, la alimenta.
Paradójicamente, el Perú produce leyes y reglamentos que, sobre el papel, lo harían funcionar como un país altamente desarrollado. Sin embargo, el Estado no tiene la capacidad real para hacer cumplir ese marco normativo. Peor aún, muchas de estas normas no generan valor ni mejoran la vida de los ciudadanos.
En seguridad industrial, cuando ocurre un accidente, no basta con sancionar: se busca la causa raíz del problema. Aplicando el mismo enfoque, la causa raíz de la informalidad y la corrupción en el Perú es clara: la extrema dificultad de ser formal, producto de leyes, reglamentos y procesos innecesariamente complejos.
En la biografía de Elon Musk escrita por Walter Isaacson se describe un método de gestión basado en cinco pasos simples pero radicales: cuestionar todos los requisitos, eliminar todo lo que no sea indispensable, simplificar y optimizar lo que queda, acelerar los tiempos del proceso y, por último, automatizar. Aplicar este enfoque al funcionamiento del Estado permitiría reducir la discrecionalidad, hacer los trámites predecibles y devolver el foco al ciudadano.
Combatir la informalidad y la corrupción exige algo más que parches o nuevas sanciones. Requiere una reforma integral que ataque la raíz del problema. Un Estado más simple, eficiente y funcional no solo reduciría la corrupción, sino que liberaría la capacidad empresarial y permitiría que quienes quieren hacer las cosas bien puedan, efectivamente, hacerlo. La informalidad no se erradica persiguiendo consecuencias, sino corrigiendo las causas.
