Raúl Benavides Ganoza
El Comercio, 30 de mayo del 2026
“El Perú no necesita seguir prorrogando indefinidamente un sistema fallido”.
En una reciente entrevista en RPP, el abogado Enrique Ghersi sostuvo que incluso los parlamentarios han perdido la inmunidad. Sin embargo, advirtió que existe hoy en el Perú un mecanismo que, en la práctica, permite operar con absoluta impunidad: el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
La afirmación puede parecer exagerada, pero basta observar la realidad para entender el fondo del problema. Miles de operaciones mineras informales continúan funcionando bajo el amparo de este registro, incumpliendo reglamentos, normas ambientales e incluso disposiciones constitucionales. La propia presidenta del Tribunal Constitucional llegó a señalar, en su momento, que quienes se escudan en este sistema “tienen licencia para matar”.
Lo más preocupante es que el debate público evita enfrentar el tema con claridad. En los recientes debates técnicos y políticos, prácticamente no se escucharon propuestas concretas sobre el futuro del Reinfo ni sobre cómo corregir las graves distorsiones que ha generado.
El problema no es la minería artesanal ni la pequeña minería. Ambas actividades cumplen un rol económico y social importante en numerosas regiones del país. El verdadero problema es haber convertido un mecanismo temporal de formalización en una suerte de salvoconducto permanente para operar sin controles efectivos.
Formalizar no significa perseguir ni expulsar a los pequeños productores. Significa exigir estándares mínimos de seguridad, trazabilidad y responsabilidad ambiental. Y eso sí puede hacerse desde ahora, sin necesidad de nuevas leyes ni de seguir ampliando indefinidamente un régimen excepcional.
El primer paso debería ser exigir el cumplimiento real del Reglamento de Seguridad Minera y de los compromisos ambientales asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom).
Para ello, resulta indispensable implementar auditorías técnicas independientes a todos los Reinfo, realizadas por entidades de reconocido prestigio. Estas auditorías permitirían verificar las condiciones de seguridad de los trabajadores, el manejo ambiental y el cumplimiento de las declaraciones presentadas al momento de la inscripción. El costo debería ser asumido por los propios operadores, aunque en el caso de los mineros artesanales el Estado podría facilitar mecanismos de financiamiento vinculados a sus ventas futuras.
Una vez identificadas las deficiencias, cada operación debería presentar un cronograma obligatorio de adecuación y cumplimiento. El objetivo no es clausurar indiscriminadamente, sino formalizar de verdad.
Asimismo, es indispensable eliminar el anonimato financiero que hoy rodea buena parte de la comercialización minera informal. La bancarización total de las transacciones de minerales —incluso mediante herramientas digitales como Yape o Plin— ayudaría a reducir significativamente el lavado de dinero y la trazabilidad opaca del oro ilegal.
También deben establecerse controles estrictos para el manejo de sustancias altamente peligrosas como el mercurio y el cianuro, así como para el uso y almacenamiento de explosivos. No es aceptable que materiales de alto riesgo circulen sin supervisión técnica adecuada bajo el paraguas de un registro temporal.
Otro aspecto clave es la geolocalización efectiva de las operaciones inscritas en el Reinfo. Hoy existen numerosos casos en los que el registro termina siendo utilizado para comercializar minerales extraídos de zonas distintas a las declaradas oficialmente.
Los operadores que cumplan estas condiciones mínimas deberían continuar su proceso de formalización. Quienes no estén dispuestos a hacerlo demostrarán, simplemente, que nunca tuvieron intención de formalizarse.
El Perú no necesita seguir prorrogando indefinidamente un sistema fallido. Necesita recuperar la autoridad del Estado, proteger a las personas y evitar que el Reinfo continúe siendo utilizado como una herramienta ideal para el lavado de dinero y la destrucción ambiental.
La discusión de fondo no es minería sí o minería no. La verdadera discusión es si el país seguirá tolerando que miles de trabajadores y comunidades queden expuestos a condiciones inseguras y a daños ambientales irreversibles bajo un régimen de excepción permanente.
