Rafael Belaunde A.
Para Lampadia
4 de marzo, 2022
En un estudio realizado por W. Mendoza y coautores[1] sostienen que “America Latina es la región que presenta los mayores niveles de desigualdad en la distribución de ingresos a nivel mundial y el Perú es uno de los países más desiguales dentro de América Latina…”. Luego, citando un estudio de Webb y Figueroa[2], se indica que “la desigualdad se elevó entre 1950 y 1966, alcanzando hacia fines de ese periodo un coeficiente GINI de 0,6.” Cálculos más recientes arrojan similar índice de desigualdad, mayor que el de Asia (0,41) o la OECD (0,34). El Perú, pues, es uno de los países con mayor índice de desigualdad del planeta y según el trabajo citado, hacia el 2009 el índice GINI había mejorado sólo a 0,5. Los autores argumentan luego, que si bien el promedio nacional de GINI ha descendido un poco, a nivel rural el índice viene incrementándose.
Para progresar, los individuos y las familias requieren producir más de lo que consumen. La diferencia entre la producción y el consumo es la que viabiliza el crecimiento económico. A la luz de este axioma revisemos nuestra historia:
Durante los tres siglos del virreinato la población andina no pudo progresar porque el Estado la gravaba con el Tributo Indígena que era un impuesto ciego e indiscriminado, el mismo que los encomenderos recaudaban sin contemplaciones. En pocas palabras, cuando se generaba un excedente, el sistema estaba diseñado para confiscárselo a quien lo produjera. En los casos en los que el excedente no existía, aquel impuesto empobrecía aún más al tributario.
Durante dos siglos de República, los administradores del Estado, duchos en el arte inicuo de la retorica falaz y pendenciera a la exacción contemporánea, análoga a la virreinal, Ia han denominado Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Estos son impuestos que sólo pueden sufragar sin naufragar quienes generan excedentes suficientes, pero no los pobres.
Como a pesar de nuestra difícil geografía el IGV grava groseramente a los combustibles, el impuesto implica un castigo a quienes viven en el ámbito rural; principalmente al campesino cuyos productos pierden rentabilidad debido al excesivo costo del transporte. Gravar el GLP, por su parte, es encarecer artificialmente la principal fuente de energía calórica de los sectores populares, y aplicarle al combustible el ISC adicional, como si se tratara de un artículo de lujo como el caviar, el champán o los cigarrillos, es una afrenta a los menos afortunados que dependen cotidianamente del insufrible transporte público, arbitrariamente encarecido.
Casi el 50% de los ingresos fiscales provienen de ingresos indirectos, es decir aquellos que gravan al consumidor final con prescindencia de su capacidad económica y una porción considerable de esos ingresos es producto del expolio a los desafortunados.
Según mis estimados, el 25% de los ingresos del Estado provienen de gravar a quienes zozobran, impedidos de levantar cabeza debido a la voracidad del Estado que los esquilma a diario. Una pequeña porción de ese dinero regresa a cuenta gotas a través de programas sociales, hacia algunos beneficiarios (Pensión 65, etc.).
El gran Milton Friedman dijo en su libro “Capitalismo y Libertad” que padecemos la inercia del Status Quo y que sólo las crisis viabilizan las alternativas hasta que lo aparentemente imposible devenga inevitable.
Ojalá que la revuelta actual obligue al Estado a abolir la barbarie tributaria que agobia al grueso de la colectividad y que, por fin, se deje en el bolsillo de los pobres el poco dinero que generan. Arrancharle al Estado tutelador y dirigista una verdadera liberación tributaria permitiría su reconversión hacia el empoderamiento ciudadano. Sólo así dejaremos de ser como un rebaño pastoreado por hienas (la metáfora es de Antonio Escohotado). Lampadia
[1] Waldo Mendoza, Janneth Leyva y José Luis Flor. La Distribución del ingreso en el Perú 1980-2010. PUCP s/f. Internet.
[2] Richard Webb, Adolfo Figueroa. Distribución del Ingreso en el Perú. IEP, 1974
