Pedro Sánchez
Expreso, 6 de marzo del 2026
La falla en el transporte de gas natural ocurrida esta semana ha puesto a prueba la seguridad energética del país. El servicio público de gas se ha visto afectado y varias actividades industriales han debido ajustar operaciones. Sin embargo, el sistema eléctrico nacional ha logrado mantenerse prácticamente en pie, pese a que el gas natural representa alrededor del 40 % de la producción total de energía eléctrica.
Este hecho no es casualidad. Es la consecuencia directa de decisiones de política energética adoptadas hace más de una década. En 2010, en el marco de la política energética 2010–2040, el país decidió priorizar la inversión en generación hidroeléctrica y reducir de manera sustancial la dependencia estructural del gas natural. En ese momento, la expansión acelerada de centrales térmicas a gas generaba preocupación entre los planificadores del sistema: si bien el gas ofrecía costos competitivos, concentrar demasiada capacidad en una sola fuente implicaba un riesgo sistémico evidente ante eventuales interrupciones de suministro.
Sobre la base de los estudios técnicos del Plan Referencial de Electricidad y de las proyecciones del Comité de Operación Económica del Sistema (COES), se lanzó una licitación para aproximadamente 500 MW de potencia firme hidroeléctrica. El resultado fue incluso mayor al previsto: se adjudicaron contratos que totalizaron cerca de 1,000 MW, una capacidad equivalente, en términos de magnitud, al histórico complejo del Mantaro. La competencia fue intensa: seis empresas participaron en un proceso altamente competitivo, lo que permitió asegurar precios eficientes y condiciones contractuales sólidas.
La coyuntura actual lo demuestra con claridad. Si esas centrales hidroeléctricas no hubieran sido construidas, la interrupción parcial del suministro de gas habría tenido consecuencias mucho más severas. Con un parque térmico sobredimensionado y una matriz menos diversificada, el país podría enfrentar racionamientos o cortes generalizados y costos de generación mucho más altos. En cambio, la capacidad hidroeléctrica adicional ha permitido compensar parte del déficit térmico, estabilizando la oferta y evitando una crisis mayor.
Esta experiencia confirma dos lecciones fundamentales. La primera es que el planeamiento energético no puede responder únicamente a señales de corto plazo o a coyunturas políticas; debe basarse en estudios técnicos rigurosos y en una visión de largo plazo. La segunda es que la diversificación de la matriz no es un lujo ambiental, sino una condición de seguridad nacional. El Perú posee abundantes recursos hidroeléctricos, así como un enorme potencial solar y eólico. La decisión adoptada en 2010 fue coherente con esa realidad y hoy demuestra su pertinencia.
La crisis actual no solo revela vulnerabilidades en la cadena de suministro de gas; también pone en valor la importancia de contar con un sistema eléctrico diversificado, robusto y planificado con anticipación. En momentos de incertidumbre energética global, recordar el impacto de decisiones técnicas bien fundamentadas es más relevante que nunca. La resiliencia del sistema eléctrico peruano es, en buena medida, el resultado de aquella apuesta estratégica por fortalecer la generación renovable y reducir riesgos estructurales. Ese es el verdadero legado del planeamiento energético responsable.
