Por: Pedro Olaechea, Congresista de la República
Perú21, 8 de agosto de 2018
Perú21, 8 de agosto de 2018
Cuando hablamos de garantizar derechos, no nos referimos a entelequias, sino a hechos concretos. ¿Cómo suscribir un acuerdo para “consolidar derechos sociales”, sin saber de qué iniciativas hablamos? ¿Qué significa “consolidar derechos laborales”? ¿Pasar a todos los trabajadores del régimen CAS a la 728? ¡Ojalá se pudiera mañana! Lamentablemente, tenemos que pensar en el impacto sobre el presupuesto público.
Es necesario cerrar brechas sociales, pero de no hacerlo bien, podemos terminar pagando un precio muy alto. ¿Los afectados? Los más pobres.
La Constitución señala que el Estado interviene donde la actividad privada no puede hacerse presente. Logramos los mejores resultados de reducción de pobreza porque el Estado dejó de ser dueño de los medios de producción y permitió que las personas se desarrollen en libertad.
Los privados y el Estado pueden trabajar juntos para sacar adelante a los peruanos más pobres. El proyecto PIAS fue desarrollado por la Marina con el apoyo de la ONG Soluciones Empresariales contra la Pobreza.
Hoy, en la Amazonía, miles de peruanos ya reciben servicios públicos básicos y se busca llegar a muchos más. Un profesor ya no debe remar por cinco días al mes para cobrar su sueldo.
No debemos tolerar la alta cantidad de gasto público ni su baja calidad. Tener “conciencia social” no es suficiente para reducir la pobreza, necesitamos generar resultados y ayudar verdaderamente a los peruanos más vulnerables.
Entre 2000 y 2018 el presupuesto se cuadruplicó, mientras que la población aumentó solo 20%. El gobierno pasado duplicó los gastos corrientes. ¿Cómo vamos en los servicios a la población? Es difícil creer que si el Estado invierte S/50 mil millones, necesite S/100 mil millones para administrarlo.
Como ministro devolví cerca de S/80 millones y ejecuté el 92% de mi presupuesto. La reducción pudo ser mayor. Entiendo que eso no importa, ustedes son los buenos y yo tengo que ser el malo.
