Perú21, 5 de Mayo de 2017
La situación tuvo que volverse escandalosa para que los representantes del Frente Amplio reconocieran que en Venezuela había una dictadura. A pesar de que la dictadura, con la consecuente restricción de libertades e incluso violación de derechos humanos era obvia desde hacía mucho, la similitud del discurso económico parece generar un extraño sentimiento de solidaridad.
Una caída del PBI de 23% y una inflación de 700% en el 2016 indican que ese ‘modelo económico’ que insiste en cerrar el mercado para “proteger” la industria nacional y en restringir la inversión privada y convertir al Estado en empresario no ha funcionado en Venezuela, como tampoco lo hizo en el Perú de los 70 y 80.
Al igual que ocurriera con nosotros, el resultado ha sido el empobrecimiento del país, en este caso, a tal punto que, según el Latinobarómetro, durante los últimos 12 meses, el 72% de los venezolanos había tenido frecuentemente problemas para alimentarse.
Una coyuntura en la que todos los días aparece un nuevo caso de corrupción ligado a ciertas empresas no ayuda a defender al sector empresarial; pero no podemos dejar de mirar que la corrupción requiere de dos partes. En los casos que ya se han dado a conocer, siempre hay algún funcionario del Estado en uno de los lados y, aunque sea debido a juicios en otros países, los casos se están identificando y se sabe que habrá sanciones.
El dinero de la corrupción no proviene de las empresas que lo entregan, sino que se resta de los recursos que el país podría estar destinando a más infraestructura, atenciones de salud o pago a maestros. Por ello, la corrupción afecta directa y negativamente al crecimiento del país.
En Venezuela, el modelo estatista no solo no ha evitado la corrupción, sino que ha ampliado su espectro y agravado sus consecuencias. Así, la referencia a “Modelo de Venezuela” solo es positivo cuando se habla de pasarelas y concursos de belleza.
