Por Patricia Teullet
(El Comercio, 17 de septiembre de 2015)
El crecimiento del país ni se ha detenido ni retrocede, pero avanza más lento y no puede crear suficiente empleo para incorporar a aquellos que se suman a la fuerza laboral cada año. Tampoco puede generar mayor recaudación de impuestos, que son los recursos con los que se financian, no solo programas populistas, sino también los sueldos de maestros, médicos y policías.
Culpamos al ciclo económico que afecta al mundo, culpamos a China por derrumbar los precios de los minerales, culpamos al aumento del dólar que hace que encarezcan muchos productos. También viene el fenómeno de El Niño con efectos sobre la pesca, la agricultura, y los costos de previsión y remedio. Finalmente, el 2016 es año electoral y, por tanto, de incertidumbre.
¿Era inevitable esta desaceleración de nuestra economía? ¿Podríamos estar creciendo a tasas cercanas al 6% en lugar de desesperadamente intentar arañar el 3%? Probablemente no, pero la magnitud de la desaceleración podría haber sido bastante menor. Según un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), si se hubiera empezado antes con los grandes proyectos mineros, podríamos venir de un crecimiento superior en 2,7 puntos porcentuales en promedio entre el 2008 y el 2014.
Los esfuerzos o anuncios de medidas para desarrollar nuevas industrias, descentralizar y generar empleo deben incluir esa parte de la tarea que es invisible, no consigue portadas y es rechazada por la burocracia reinante. En el lenguaje cotidiano se le conoce como ‘tramitología’, y su fuerza inercial es capaz de frenar el mejor proyecto o desanimar al inversionista más entusiasta. Y, debido a este obstáculo, siguen aumentando las oportunidades de desarrollo. En esta ocasión habían grandes proyectos agrícolas y de energía que estarían bajando costos, haciendo más competitivas a las empresas, contribuyendo al PBI y generando empleo.
Conga se convirtió en emblemático. Decían muchos que la minería sería distinta “antes y después de Conga”. La falta de autoridad de los ministros y del propio presidente se hizo evidente. También el empoderamiento de autoridades corruptas con fuerza suficiente de frenar un proyecto de interés nacional. Conga mostró asimismo una crisis de confianza: no se le cree a la empresa, pero tampoco a las autoridades que determinan si un estudio está bien o mal hecho… Y esta historia continuará repitiéndose si empresas y autoridades no hacen algo conjuntamente.
El gobierno solo pensó en subsidios (como Juntos o Pensión 65) para sacar a la población de la pobreza. Esos grandes proyectos, de haber sido ejecutados, estarían paliando la magnitud de la desaceleración, permitiendo al presidente cumplir su promesa de reducción de la pobreza de manera sostenida.
Desde el principio, el gobierno decidió tomar el camino fácil para reducir la pobreza: regalos y subsidios que no crean condiciones para que la población genere sus propios ingresos. Ahora además, mientras se aminora el ritmo de recaudación, crece el número de personas a las que se ha ofrecido o se está dando subsidios (como Pensión 65).
El presidente culpa a los empresarios por no invertir. Paradójicamente, cientos de proyectos esperan autorizaciones que dependen del gobierno. Solo este puede hacerlos viables y que, en lugar de estar persiguiendo permisos repetitivos o inútiles, los esfuerzos vayan a actividades productivas.
