Paola Del Carpio Ponce
Gestión, 16 de octubre del 2025
Si queremos ver el crecimiento que genera la minería traducirse en menor pobreza, necesitamos un Estado que habilite la actividad económica en todo el territorio.
La reciente vacancia presidencial es un recordatorio de que seguimos atrapados en un círculo interminable de crisis política e inestabilidad que nos distrae de la agenda programática. Mientras los reflectores están ahí, seguimos dejando pasar la oportunidad que representa este nuevo ciclo de precios favorables de los metales que exportamos, con varios proyectos en cola y demoras de aprobaciones. Además, y aún más importante, seguimos sin resolver nuestra incapacidad desde la gestión pública para que todos los recursos que se generan gracias a la minería se conviertan de manera tangible en bienestar para las personas.
La gestión pública y la minería tienen varios puntos de encuentro. Desde los permisos y regulaciones para poder explorar y operar, el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica, el diálogo y gestión de conflictos -que debería ser más preventivo que reactivo- y la inversión pública, para la cual se generan recursos a través de los tributos y en la cual participan también las mineras a través de mecanismos como las Obras por Impuestos. La relación es bidireccional: los recursos de la minería nutren al Estado, y el desempeño del Estado, a su vez, sostiene la legitimidad del sector.
Desde el año 2000, se han transferido más de 70 mil millones de soles de canon minero a gobiernos subnacionales y universidades públicas para que sean utilizados en inversión pública. La distribución del canon resulta problemática en tanto solo se hace siguiendo criterios geográficos, sin otras variables como población, nivel de pobreza, brechas, entre otras. Esto genera fuertes desigualdades. Diez regiones concentran el 90% del canon minero distribuido. Muchos distritos con muy poca-población y, por tal, con muy poca capacidad para pagar sueldos competitivos a especialistas- reciben mucho más dinero del que son capaces de ejecutar.
Entre el 2023 y el 2024, se ejecutó en promedio el 71% de los recursos transferidos por canon. Se quedaron sin uso casi 9 mil millones de soles, cerca de la mitad del presupuesto para seguridad y orden interno. A diferencia de otro tipo de transferencias, el dinero no usado del canon no regresa al tesoro público para volver a ser distribuido, sino que se queda durmiendo en las cuentas de los gobiernos subnacionales, mientras las brechas se mantienen y acrecientan en el tiempo.
Si queremos ver el crecimiento que genera la minería traducirse en menor pobreza, necesitamos un Estado que habilite la actividad económica en todo el territorio. De acuerdo con Carolina Trivelli, esta «capilaridad» del crecimiento solo puede darse cuando un paquete mínimo de servicios públicos llega de manera simultánea: de poco sirve tener electricidad si no se tienen caminos para conectarse. Se necesita un mínimo de servicios, infraestructura, capital humano, nivel de vida, y estabilidad y democracia. Menos del 10% de nuestros distritos cumple con estos mínimos. Cuando esos servicios llegan juntos, aumentan la demanda, la productividad y los encadenamientos locales, generando un círculo virtuoso.
Para mejorar, necesitamos entender a la descentralización no como un fin en sí mismo sino como un medio para servir al ciudadano. El foco no debe estar en quién ejecuta o financia, sino en quién y cómo genera la capacidad de hacerlo bien. Necesitamos indicadores claros de capacidad institucional e instrumentos más creativos: cesiones temporales de competencias, empaquetar intervenciones típicamente atomizadas y pensar en fondos que aprovechen saldos de balance y gestionen la inversión profesionalmente. Además, necesitamos un compromiso real con fortalecer el servicio civil, con líneas de carrera menos dependientes de la política y desarrollar capacidades en los tres niveles de gobierno.
Desde el lado privado, es clave mantener la mirada en el mediano plazo y con una perspectiva territorial, más allá del área de influencia. Continuar con los esfuerzos de participar en Obras por Impuestos es relevante para acelerar el cierre de brechas. Un actor relevante al que se le suele prestar menos atención son las universidades públicas, que recibieron 91 millones de soles de canon el año pasado y que, en muchos casos se quedan también sin ejecutar. Trabajar con las universidades públicas puede tener el potencial de hacer más pertinente la oferta formativa para las necesidades del mercado, e impulsar la investigación e innovación regional. Hay una oportunidad para generar capacidades que trasciendan la minería y también fortalezcan la gestión pública.
Estando tan cerca de un proceso electoral por partida triple, cabe recordar que las brechas que llevan años sin cerrarse también traen descontento y este siempre pasa factura: erosiona la confianza, desalienta la inversión y alimenta nuevas crisis. Aquíno hay atajos: toca trabajar para mejorar la calidad de la gestión pública en todos sus niveles y pensar fuera de la caja en busca de soluciones que nos permitan aprovechar las tantas oportunidades que tenemos hoy a la mano.
