Por: Paola Del Carpio Ponce
Gestión, 18 de Mayo del 2023
No podemos tratar la salida de la pobreza como un “checklist”. Debemos generar las condiciones para que la clase media se consolide.
La semana pasada, el INEI reveló las cifras de pobreza para el 2022, confirmando que el bajo crecimiento, la elevada inflación y el deterioro de la gestión pública nos han pasado una altísima factura. La pobreza, o la imposibilidad de costear una canasta básica de consumo, alcanza a más de 9 millones de peruanos (27.5%). Es decir, nos mantenemos en aproximadamente una década de atraso respecto a los avances de lucha contra la pobreza en el Perú, con el agravante de que ahora la inseguridad alimentaria se encuentra en un momento más crítico.
En efecto, una encuesta reciente del IEP muestra que el 46% de los encuestados declaraba haberse quedado sin alimentos en los últimos tres meses por falta de recursos, dos puntos porcentuales más que en 2022.
Sin embargo, en 2012, cuando los niveles de pobreza eran más cercanos a los que tenemos ahora, el 17% respondió afirmativamente a esa pregunta. Es decir, son casi 30 puntos porcentuales de diferencia en cuanto a hogares que están enfrentando dificultades para alimentarse adecuadamente. Esto se condice con el incremento del valor de la canasta básica de alimentos, de la cual de 110 productos, 100 aumentaron de precio.
En un país tan diverso y complejo como el Perú, las realidades evolucionan de forma muy diferenciada. En términos del aumento de la pobreza, preocupan varias regiones, en particular Cajamarca, que no solo ha aumentado sus niveles de pobreza, sino que estos se encuentran por encima de los de 2020 y sus niveles de pobreza extrema alcanzan el 18%. Esto es, casi uno de cada cinco cajamarquinos no puede cubrir la canasta básica de consumo solo de alimentos.
Esta no es la única región con niveles de pobreza superiores al 2020: Loreto, Madre de Dios, Tacna y Ucayali comparten esta realidad. Lima, donde se encuentra la mayor proporción de ciudadanos, tiene un nivel de pobreza muy similar al de 2020 (la caída es de solo 0.1 puntos porcentuales).
Es entonces importante prestar atención a las diferentes dinámicas que se vienen dando en las regiones, y las nuevas necesidades de política pública que vienen surgiendo. Algo que vienen señalando ya varios especialistas es que la pobreza es cada vez más urbana.
Si bien la pobreza en áreas rurales es inaceptablemente alta (más de 40%), más de 7 de cada 10 pobres en nuestro país viven en zonas urbanas y requieren soluciones distintas a los que se han aplicado en los últimos años en nuestro país.
Esto se ha acentuado, pero es una realidad hace varios años: según el Banco Mundial, la proporción de pobreza urbana respecto del total superó el 50% desde el 2013. Llevamos ya tiempo necesitando soluciones nuevas, que no son sencillas y que requieren un entendimiento específico de cómo funciona la pobreza urbana, así como nuevas formas de recoger adecuadamente la información para focalizar a este grupo de la población.
Otro aspecto trascendental es la vulnerabilidad. Las personas en condición de vulnerabilidad son aquellas que están catalogadas como no pobres, pero que se encuentran en una situación lo bastante precaria como para caer en pobreza ante cualquier shock negativo que puedan enfrentar (como, por ejemplo, perder el empleo). Actualmente, 32.3% de los peruanos se encuentran en esta condición.
Así, seis de cada diez peruanos -o casi 20 millones- están o bien en condición de pobreza o de vulnerabilidad. Esto nos muestra con toda claridad que no podemos tratar la salida de la pobreza como un «checklist» que marcamos, sino que debemos generar las condiciones para que la clase media se consolide de manera efectiva.
Esto último pasa necesariamente por combatir la informalidad, que está más presente en los grupos de mayor pobreza y vulnerabilidad. Sin mayor productividad y una protección social que alcance realmente a todos, los avances que logremos seguirán siendo débiles. Por su parte, se deben priorizar las mejoras en la gestión pública para que los servicios básicos lleguen efectivamente a las personas.
Sin acceso a saneamiento, como es el caso de más de la mitad de las personas en condición de pobreza, es difícil pretender que estos ciudadanos puedan rendir adecuadamente y romper círculos por sí mismos. Los servicios públicos son clave para que las personas puedan desenvolverse con un mínimo de condiciones, pero también para que la actividad económica pueda darse y mantenerse en el tiempo.
Finalmente, el 85% de la importante reducción de la pobreza de los últimos años se debió al crecimiento económico. Si queremos hacer frente a los problemas complejos que nos plantea esta realidad, necesitamos encender los motores de la inversión privada y crecer a tasas más elevadas que lo que estamos viendo. Crecer decididamente y generar medidas directas y específicas para combatir la pobreza no pueden verse como objetivos que compiten entre sí. No podemos darnos ese lujo.
