Paola Del Carpio Ponce
Gestión, 16 de abril del 2026
Gobierne quien gobierne, el desafío es claro: dejar de normalizar niveles elevados de incertidumbre.
El reciente proceso electoral ha puesto en evidencia fallas institucionales en un momento clave para el país. En un escenario de alta fragmentación y resultados estrechos entre candidatos, los errores logísticos, las denuncias y los cuestionamientos han generado no solo incertidumbre sobre los resultados, sino también un nuevo golpe a la confianza en nuestras instituciones. Aunque lo prudente es esperar el desenlace completo, el daño ya está hecho: tenemos una nueva fuente de incertidumbre sobre lo que viene.
Y esta incertidumbre no es solo una sensación. Desde la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) hemos construido un indicador que mide la incertidumbre económica a partir de la frecuencia de palabras asociadas al riesgo en medios de comunicación. Esta semana, el indicador ha alcanzado su nivel más alto desde que se tiene registro (2020), superando incluso los niveles observados tras la segunda vuelta electoral del 2021. En ese entonces, el país enfrentó una fuerte presión cambiaria y una salida de capitales superior al 7 % del PBI. Hoy, la señal es clara: la incertidumbre ha vuelto y con más fuerza.
Este repunte no responde únicamente al proceso electoral. Se suma a un contexto internacional más complejo, con presiones inflacionarias renovadas, y a riesgos internos como un eventual fenómeno de El Niño. Pero, sobre todo, se inserta en una crisis política que ya no es episódica, sino estructural. Llevamos cerca de una década de inestabilidad que ha dejado de ser excepción para convertirse en regla.
Frente a esto, suele reaparecer una idea conocida: que la economía y la política transitan por cuerdas separadas. Que, a pesar del ruido, la economía peruana sigue funcionando. Pero lo cierto es que, aunque no tengamos un gran colapso, el deterioro está muy presente. Parecemos haber pasado de resistir las crisis a adaptarnos a ellas, a sobrevivirlas.
En los últimos años, hemos experimentado una erosión silenciosa en nuestras instituciones que trae consecuencias innegables sobre los resultados. En los últimos seis años, 50 de 72 meses registraron expectativas empresariales negativas. La incertidumbre persistente lleva a las empresas a postergar decisiones de inversión, a los hogares a ajustar su consumo y a múltiples proyectos a quedarse en pausa, más aún cuando muchas veces es el mismo Estado el que los traba. Es un costo silencioso porque no es un retroceso por sí mismo, sino que avanzamos menos de lo que deberíamos. Y es una pena que tengamos nuevas fuentes de incertidumbre justo en un contexto en el cual los ánimos y perspectivas de inversión parecían recuperarse.
Muchos discursos de campaña han hablado de crecer al 6 % o más. Sin embargo, hoy el PBI potencial del Perú se encuentra por debajo del 4 %, aproximadamente la mitad de lo que era hace una década. Más aún, la productividad —crítica para crecer a tasas altas y sostenidas— no está sumando, sino restando a nuestro potencial. Esto refleja un abandono prolongado de la agenda estructural que hemos tenido relativamente de lado por apagar incendios constantes.
La paradoja es evidente. Hemos tenido un contexto externo favorable, con altos precios de nuestros principales productos de exportación. En condiciones normales, tendríamos un mayor crecimiento, mejor empleo y mayores ingresos. Sin embargo, aunque se ha crecido y mejorado, las tasas han sido bastante moderadas. No por falta de oportunidades, sino porque no estamos en capacidad de aprovecharlas plenamente.
A esto se suma el deterioro de una de nuestras grandes fortalezas: la responsabilidad fiscal. Este es un pilar que ha permitido justamente resistir choques, construir credibilidad y, quizás, contribuir a esa teoría de las cuerdas separadas. Hoy, esa fortaleza enfrenta presiones crecientes, en particular por iniciativas de gasto desde el Congreso sin el debido respaldo técnico y con el aval de una interpretación del Tribunal Constitucional que necesita con urgencia revisarse. Corregir este rumbo será clave en el próximo periodo si no queremos perder el control de algo que costó tanto construir.
Gobierne quien gobierne, el desafío es claro: dejar de normalizar niveles elevados de incertidumbre. Recuperar condiciones mínimas de estabilidad institucional es crítico porque es difícil avanzar cuando el piso se mueve constantemente. La estabilidad no resuelve todos los problemas, pero sí permite enfrentarlos. Sin ella, se debilita la capacidad del Estado, se interrumpen políticas públicas, se pierde continuidad y se limita la ejecución del gasto con calidad. Mientras tanto, millones de peruanos siguen esperando que se cierren brechas en servicios, seguridad y oportunidades.
El Perú no se ha detenido. Pero hace tiempo dejó de avanzar como podría. Y esa diferencia —silenciosa, acumulativa— ya se traduce en menor crecimiento, menos oportunidades y un futuro que avanza más lento de lo que debería.
