Pablo Sánchez Velarde, Fiscal de la Nación
El Comercio, 15 de julio de 2016
En la mañana del 17 de junio me correspondió, como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y de la delegación del Estado peruano, sustentar nuestra presentación ante la presidencia y los representantes de 34 países miembros y siete no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que conforman el Grupo Antisoborno de la OCDE, para que el Perú sea considerado miembro pleno. Sin duda, un momento trascendental para el país.
Pero ¿qué significa la OCDE y el Grupo Antisoborno? La OCDE constituye una de las organizaciones internacionales más prestigiosas y agrupa a aquellos países que buscan promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo. Brinda apoyo técnico y económico y favorece el clima de negocios, así como la inversión extranjera. Integrar la OCDE es tener una mejor posición como país a nivel mundial.
Por ello, en el 2009, el Perú solicitó su adhesión a la Convención Antisoborno de la OCDE y, en el 2012, el Grupo de Trabajo Antisoborno expresó algunas observaciones referidas a la regulación del decomiso del valor del producto del soborno, la incorporación de multas para las personas naturales en el delito de cohecho internacional y la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas.
A partir de estas recomendaciones, el Estado peruano implementó las acciones necesarias para superar estas observaciones. En primer lugar, la modificación del artículo 102 del Código Penal, mediante la Ley 30076, con el fin de introducir en nuestra legislación penal el decomiso del valor de los bienes ilícitamente obtenidos, así como la incorporación, mediante la Ley 30111, de la sanción monetaria para los delitos de corrupción.
En diciembre del 2014 el Perú suscribió el Programa País con la OCDE, e identificó tres ejes de trabajo: el Estudio de Integridad para el Sector Público Peruano, la adhesión a instrumentos legales de la OCDE y la incorporación del Perú como miembro pleno al Grupo de Trabajo Antisoborno en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
En abril de este año se cumplió con el último requisito exigido por la OCDE al promulgarse la Ley 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional.
La actitud del Estado y el impulso de la CAN en la adecuación de nuestras políticas y marco normativo (elaboración y promulgación de la Ley 30424) a los estándares de la Convención Antisoborno de la OCDE han sido propicios para tener una exitosa presentación y ser bastante optimistas en lograr nuestra pronta incorporación.
Hay que felicitar por ello a cada una de las autoridades estatales, a la sociedad civil y a los sectores en general que conforman la CAN. Asimismo, felicitar al Ejecutivo, al Legislativo, a la prensa y a la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera por este esfuerzo tan importante para el país, que debe merecer el respaldo y total apoyo de los nuevos gobernantes.
Desde que asumí la presidencia de la CAN me comprometí a pasar de las palabras a los hechos y creo que así lo estamos haciendo. Por nuestra parte, en representación de la CAN y del Ministerio Público, reiteramos nuestro total compromiso y esfuerzo para tener un Perú sin corrupción.
Lampadia
