Otto Guibovich
Expreso, 10 de setiembre del 2025
La indiferencia y complicidad son dos caras de una misma moneda que perpetúan la corrupción, erosionan la confianza en las instituciones y condenan a los más vulnerables a la pobreza infinita. Se es indiferente cuando se mira al costado ante hechos dolosos y deviene en complicidad, cuando al silencio o “pacto infame de hablar a media voz”, en palabras de Gonzales Prada, se le suma la peor licencia: la falta de justicia y sanción para quienes, disfrazados de autoridad, emergen súbitamente como millonarios, “trafamillonarios”.
El robo de fondos públicos es rutina y cada año, en ritual penoso, la Contraloría General de la República informa que el 10 % del presupuesto nacional fue robado. Si bien ese es un promedio, hay gobiernos regionales o municipales donde la pérdida de recursos es espantosa y el “diezmo” se ha instituido; cualquier empresario que genera empleo debe pasar por el aro maldito que la burocracia le tiende, o quiebra irremediablemente. Y al aceptar, entra a una danza macabra, sin retorno.
Los “trafamillonarios” hoy abundan y se convierten luego en políticos poderosos e influyentes con quienes pocos pueden lidiar, pues, además, han tejido redes de “discípulos” a sueldo que se encargan de perpetuarlos convenientemente. Muchos quieren reelección inmediata y, si fuese posible, indefinida, pues los fondos públicos saqueados son su potente combustible. Hay notables excepciones de gente proba y comprometida, y en honor a ellos es necesario ampliar el período de gestión regional y municipal a la par del nacional, tiempo prudente para culminar proyectos.
La crisis es evidente; según la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020 se registró más de 40 mil casos de corrupción, afectando 23 mil millones de soles (3 % del PBI), que dañaron programas sociales y obras vitales. Las Oficinas de Control Institucional, en su mayoría, no funcionan o son débiles; algunas fiscalías retienen las carpetas fiscales hasta que prescriban. Si los jueces sentencian, los prófugos gozan de buena salud y mueven sus tentáculos para poner ahijados y continuar el lucro incesante. El descaro mayor vino con la pandemia y la compra millonaria de pruebas rápidas contra la opinión médica. Hacer trafa con la vida es crimen supino; por ahí va el máximo responsable, campante, dando “lecciones de moral” mientras las familias de 200 mil muertos lloran su desdicha.
Alejandro Toledo degradó la presidencia recibiendo dinero de Odebrecht; Ollanta Humala y PPK, presos por lavado de activos de dineros de Odebrecht; Pedro Castillo, por corrupción y golpe de Estado; Vizcarra, quien se pasea por el Perú y por la cárcel por pedir y recibir coimas. Le siguen Susana Villarán, quien recibió 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS por los peajes y se pasea sin sentencia; “Goyo” Santos, condenado por colusión; Félix Moreno (Callao), por sobornos de Odebrecht; Vladimir Cerrón (Junín); Cáceres Llica (Arequipa); Anselmo Lozano (Lambayeque); César Álvarez (Áncash); Edwin Licona (Cusco). Son unos de una legión de delincuentes de cuello y corbata que hicieron trafa para enriquecerse ilícitamente y jugar a la política.
El daño es grande a partir del mal ejemplo de quienes deben liderar y exigir honradez y transparencia. La prisión perpetua para los cabecillas de cuello y corbata es un imperativo categórico en defensa de la vida y dignidad de la sociedad afectada. No a la anarquía, no a los trafamillonarios.
