Oswaldo Molina
El Comercio, 19 de junio del 2024
“El salto en la criminalidad se da después de la pandemia, con la precarización del empleo juvenil como telón de fondo”.
Los programas periodísticos nacionales parecen haber sido tomados por completo por los temas policiales. Sin embargo, qué es lo que nos dicen las cifras sobre criminalidad respecto de esta situación. En primer lugar, debemos indicar que, de acuerdo con los últimos datos del informe de estadísticas de inseguridad ciudadana del INEI, a abril del 2024 el 27,7% de la población de 15 años o más en las áreas urbanas fue víctima de algún hecho delictivo (vale decir, robo, intento de robo, estafa, amenazas, secuestro o extorsión) al menos en una oportunidad en los últimos 12 meses.
Esta cifra es altísima y viene, además, creciendo en los últimos años (los hechos delictivos registrados en el 2023 afectaban al 27% de la población; y en el 2022, al 22,6%). No obstante, y aunque no lo podamos creer, la proporción de la población afectada por crímenes era incluso mayor antes. Por ejemplo, podemos apreciar cómo dicha proporción era de alrededor del 30,5% hace diez años. Y esta proporción venía reduciéndose entre el 2015 y el 2018. De hecho, de alguna manera, podemos ver cómo este salto en la criminalidad –en especial, de ciertos tipos de crímenes– se da después de la pandemia, con la precarización del empleo juvenil como telón de fondo (cuya PEA ocupada ha venido reduciéndose y se encuentra en su mínimo de los últimos diez años).
Ahora bien, ¿cómo se comporta el crimen a lo largo de nuestro territorio? Las regiones con mayor porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo son, a abril de este año, Arequipa (38%), Puno (33,8%), Cusco (33,3%) y Junín (32,5%). De estas, Junín y Puno eran también de las cuatro regiones con mayores niveles de victimización en el 2014. Una de las razones de las altas tasas de víctimas de hechos delictivos es la insuficiencia de recursos destinados a la función presupuestal de orden público y seguridad. Por ejemplo, en las regiones de Puno, Junín y Ayacucho, más del 30% de la población ha sido víctima de algún delito este año. En estas regiones, el presupuesto por habitante para orden público y seguridad es inferior a S/190, mientras que el promedio nacional es de S/511 por habitante.
Además de los recursos disponibles, otro factor a considerar es el impacto de las actividades ilegales, como el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal. Así, más del 70% de la producción informal o ilegal de minerales proviene de Madre de Dios. Esta región presenta la tasa más alta de extorsiones, con siete de cada mil habitantes siendo víctimas de este delito, la segunda tasa más alta de amenazas e intimidaciones, con 34 víctimas por cada mil habitantes, y la tasa más alta de robos, con 167 víctimas por cada mil habitantes. Entre los crímenes que más han aumentado en los últimos años, se encuentran las extorsiones y los robos a negocios. En el caso de las extorsiones, estas han pasado de 1,7 por cada mil habitantes en el 2014 a 2,1 en el 2023. Esta ola de inseguridad a su vez se traduce en que el 85,1% de la población de áreas urbanas cree que en los próximos 12 meses puede ser víctima de algún crimen.
Combatir la criminalidad es fundamental para avanzar como nación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo del crimen representa el 2,8% de nuestro PBI (algo así como 6,5 veces el presupuesto anual de Qali Warma). Atacar frontalmente las actividades ilegales, mejorar las condiciones laborales de los jóvenes, contar con un presupuesto adecuado por habitante para el tema de seguridad y reducir los largos y complejos procesos judiciales forman parte de la solución.
