Por: Oswaldo Molina
El Comercio, 25 de mayo del 2024
A todos nos han golpeado ?o nos deberían golpear? las nuevas cifras de pobreza. Con tristeza hemos visto cómo en un puñado de años hemos retrocedido más de una década de continuo avance en este frente. Detrás de esos números, entre otros factores, se evidencia la subestimación del crecimiento económico como motor de la reducción de la pobreza (de hecho, según cifras del Banco Mundial, entre el 2004 y 2019, el 85% de la reducción de la pobreza se explica precisamente por el crecimiento económico) y la incapacidad del Estado (en los diferentes niveles de gobierno) para cumplir con sus obligaciones más básicas. Es fundamental el rol que cumple la empresa privada de todo tamaño en el crecimiento, a través de la inversión y la generación de empleo. Dicho esto, ¿podrían las empresas también colaborar con el Estado para juntos reducir la pobreza y sus otras manifestaciones, como la desnutrición crónica infantil (DCI)? En los últimos años, las diferentes trabas burocráticas nos han hecho olvidar el enorme potencial que podría tener el mecanismo de obras por impuestos (OxI) en este objetivo.
Primero, conviene que recordemos que OxI es un mecanismo que permite a las empresas financiar proyectos de inversión pública y descontar esos montos de su pago de impuestos. Tradicionalmente ha estado enfocado en obras de infraestructura (carreteras, hospitales, etc.) y permite acelerar la ejecución de la inversión pública en regiones. Si bien este tipo de obras tiene un impacto directo sobre la calidad de los servicios públicos y, por tanto, sobre las condiciones de vida de los más pobres (en especial en un país con tantas obras paralizadas), este tipo de proyectos no tiene por qué limitarse solo a infraestructura. Con eso en mente, el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolló lineamientos para ejecutar proyectos que combatan la DCI en el 2012, y en los últimos años estos proyectos han ido en aumento.
Ahora bien, ¿ya se han implementado? ¿Han tenido buenos resultados? Permítanme contarles justamente sobre un proyecto de lucha contra la DCI en una provincia de Cajamarca usando el mecanismo de OxI, que fue ejecutado entre el 2016 y 2019 por el Grupo Estrategia y financiado por el sector privado. El proyecto benefició en total a más de 16.000 personas, incluyendo más de 11.000 niñas y niños menores de 5 años y 5.000 madres gestantes. Los resultados saltan a la vista: en el 2016, esta provincia tenía 30,5% de desnutrición crónica, mientras que en el 2018 esta se había reducido a 26,5%. En el 2022, se encuentra en alrededor de 23%, lo que implica que la tendencia sigue siendo a la baja en el mediano plazo.
Si se agilizase, el mecanismo de OxI puede ser, por tanto, un aliado aún más importante en la lucha contra la pobreza y la desnutrición. Para darnos una idea de cómo las complicaciones burocráticas pueden ser un obstáculo, en el 2016 se adjudicaron S/1.100 millones, mientras en el 2023 esta cifra solo fue de S/500 millones. En febrero de este año se modificó el reglamento para dinamizar nuevamente este mecanismo. Ojalá que esto lo logre. ¿Qué puede venir después? Así como la incorporación de la lucha contra la desnutrición, se podría seguir ampliando el foco (en algún momento incluso se anunció la posibilidad de servicios por impuestos). Y es que unidos por un objetivo común somos más fuertes.
