Nicolas Zevallos Trigoso
Criminólogo, Fundador del Instituto de Criminología, Director de CriminologiaPe
Promotor del Programa Nuestra Zona, Coordinador de la Maestría en Criminología en UPCH
15 de diciembre de 2025
Glosado por Lampadia
La formulación de políticas de seguridad exige un diagnóstico preciso de la realidad. En el Perú, la ausencia de datos oficiales del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) ha llevado a recurrir al Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).
Ello genera una confusión peligrosa.
Al contrastar los datos, se evidencia que el SINADEF presenta una subestimación sistemática de la violencia letal, lo que lo descalifica como herramienta primaria para el análisis criminal.
La diferencia fundamental radica en la naturaleza del registro.
El CEIC opera mediante un ejercicio activo de revisión y validación de diversas bases de datos (policiales, fiscales, forenses) para corroborar que cada dato ingresado corresponda efectivamente a una muerte dolosa.
Es un proceso diseñado específicamente para medir la criminalidad.
De hecho, las publicaciones oficiales del CEIC se nominaban “Contándolos uno a uno”, para dejar claro el sentido y método del ejercicio.
Por el contrario, el SINADEF es un registro administrativo sanitario. Su función es registrar defunciones que ingresan al sistema de salud o son certificadas por un médico, no investigar crímenes.
El SINADEF no está pensado para homicidios; por ende, las muertes violentas que ocurren lejos de un centro médico, o aquellas mal clasificadas por falta de pericia forense en el certificado de defunción, quedan en un limbo estadístico.
Confiar en el SINADEF es asumir que el sistema de salud tiene la capacidad de dictaminar la intencionalidad criminal, lo cual es un error conceptual grave.
La data histórica expone la magnitud de este subregistro.
Al observar el año 2017, la discrepancia es contundente: mientras el CEIC, tras su proceso de validación, reportó 2,487 muertes dolosas con una tasa de 7.8, el SINADEF apenas registró 678 homicidios, arrojando una tasa irreal de 2.1.
Si el Estado hubiera basado sus decisiones de seguridad en el SINADEF durante 2017, habría concluido erróneamente que el Perú gozaba de niveles de violencia europeos, ignorando casi el 73% de las muertes violentas reales detectadas por el CEIC.
Esta brecha se mantuvo en los años subsiguientes. Incluso durante el pico de violencia registrado en 2021, el sistema sanitario volvió a fallar en la captura del fenómeno completo.
El CEIC documentó un récord de 2,853 muertes (tasa de 8.6), mientras que el SINADEF reportó 1,416 homicidios (tasa de 4.3). Nuevamente, el registro sanitario captó solo la mitad del panorama en el país.
El uso de cifras del SINADEF para medir la inseguridad no es solo impreciso, es nocivo.
Por ejemplo, en 2020, la pandemia redujo la movilidad y el crimen, y aunque ambas curvas bajaron, la brecha persistió: el CEIC reportó una tasa de 5.8 frente al 3.1 del SINADEF.
Las proyecciones del SINADEF arrojan serias dudas: para el 2024 se estima una tasa de 6.1 con 2,083 muertes, y para el 2025 se proyecta mantener esa misma tasa con 2,098 muertes.
Eso es contradictorio con las estimaciones del CEIC, que ya en el 2021 registraban muertes dolosas por con una tasa de 8.6, muy por encima de lo que el SINADEF registra para estos últimos años.
Es urgente comprender que el SINADEF padece de una ceguera técnica frente al homicidio debido a su diseño sanitario y pasivo. No es una fuente confiable para la seguridad. Dentro de todo, la única métrica que se acerca a la realidad es la del CEIC, gracias a su metodología de corroboración interinstitucional.
Por ello debemos exigir al Estado que reactive este comité estadístico, en lugar de jugar con cifras que no han sido pensadas para decirnos la situación de la violencia en el Perú. Lampadia
