Por: Nelson Torres Balarezo
Para Lampadia, 30 de enero de 2019
Nadie puede discutir que la corrupción lastra nuestro desarrollo, que el dinero mal utilizado en coimas u obras sobrevaloradas podría utilizarse para construir para más hospitales, colegios, kilómetros de carreteras o puentes. Diversos economistas han estimado el perjuicio de la corrupción del sector estatal en el crecimiento de la economía y por ende, en la mejora o deterioro de las condiciones de vida de la población.
La mayoría de peruanos seguimos con atención las discusiones entre nuestros líderes políticos, los fiscales, los jueces y los líderes de opinión sobre los grandes temas de corrupción, las mega obras con presupuestos inflados, la influencia nefasta de las constructoras brasileñas, el club de la construcción y muchas otras vergonzosas historias. Esta lamentable situación abarca diversos gobiernos y pareciera dejarnos pocos políticos dignos.
Sin embargo, noticias periféricas son las que más me han llamado la atención estos días. Un policía en prisión preventiva en Piura por matar a un delincuente (no digo supuesto pues tiene prontuario policial, delincuente es). En el mismo Piura, otros policías fugados por enfrentar procesos judiciales por haber matado a otros delincuentes, con pedidos de la fiscalía de prisión de hasta 40 años ¿Alguien ha leído de un pedido tan drástico para un delincuente asesino?
En Lima, el extorsionador del alcalde Forsyth libre en 24 horas, a pesar de tener antecedentes policiales, incluso prisión previa por terrorismo. El mismo día, en policiales de un diario limeño me entero que un albañil de Ate Vitarte es condenado a 5 años de prisión por haber “matado”, en defensa propia, a uno de los asaltantes que lo atacó. La defensa del albañil pudo demostrar que el delincuente murió tras la agresión de una turba que lo cogió luego que cayó por un ladrillo tirado por el albañil al que había asaltado previamente. El otro delincuente que participó en el asalto, también atrapado por la turba, recibió una condena ejemplar: “208 (si, doscientos ocho) días de servicio comunitario”.
Algunos ministros del interior, de los tres últimos gobiernos, han dicho de distintas maneras que hay una “sensación de inseguridad”, pero que la incidencia delictiva no alcanza índices de otros países o ciudades (Caracas por ejemplo), pero eso es un consuelo de tontos. La realidad es que todos nos sentimos desamparados ante la delincuencia que campea y tiene una impunidad nunca vista en el país.
Difícil saber cuál es el aspecto más crítico del problema; pero pareciera ser que la policía cumple con su trabajo, que el problema central está en el desempeño de fiscales y jueces, que muchas veces, valiéndose de argucias legales o ciñéndose a una legislación garantista, prefieren defender a los delincuentes que a la sociedad.
Lo sucedido en nuestro vecino Brasil debe ser un ejemplo. La sociedad está harta de la corrupción y de la inseguridad. Una propuesta como la de Bolsonaro perfectamente podría tener apoyo popular, y en el extremo más terrible, ser una propuesta demagógica de índole chavista o similar. Acabamos de ver a los líderes de los dos partidos de la izquierda peruana defender a Maduro, a pesar de los 650mil venezolanos que llenan nuestras calles. La izquierda peruana no aprende de los errores de sus colegas.
