Natalé Amprimo Plá
El Comercio, 6 de noviembre del 2024
“Más de dos tercios de vida de la Constitución se han dado con gobiernos que confrontaron con los herederos de Fujimori”.
La Constitución de 1993, más allá de las circunstancias que se dieron en el momento político que la vio nacer, es una de las cartas políticas más longevas de nuestra historia republicana, pues ha superado los 30 años.
Cuando se dictó, muchos pensamos que, justamente por las circunstancias de su concepción y del régimen gobernante en que fue aplicada en sus primeros años de existencia, su vigencia solo duraría el tiempo que se mantuviese en el poder quien fue su indiscutible propulsor. Sin embargo, la Constitución de 1993, paradójicamente, se ha consolidado en la gestión democrática de los gobiernos sucesivos a la caída del régimen cuya paternidad ostenta, muchos de los cuales llegaron al poder denostando de ella.
En ese sentido, más de dos tercios de vida de la Carta de 1993 se han dado con gobiernos que confrontaron con los herederos, políticos y de sangre, de quien fue el impulsor innegable de dicho texto constitucional que, sin lugar a dudas y más allá del retiro de su firma del texto constitucional en mérito a la Ley 27600, publicada el 16 de diciembre del 2001, fue el recientemente fallecido expresidente Alberto Fujimori.
Fujimori dejó el poder en noviembre del 2000; pronto se cumplirán 24 años de ello. Hoy en día, a la mayoría de peruanos, el tema del cambio constitucional le es ajeno; solo grupos minoritarios y radicalizados son los que siguen con el discurso de cambiarla, con una prédica absurda, además, que irracionalmente responsabiliza a la Constitución de la mediocre ejecución de programas públicos o de la corrupción de los gobernantes que el mismo pueblo ha elegido.
Por insólito que parezca, el gesto político que contenía la mencionada Ley 27600, consistente en suprimir la firma de Alberto Fujimori de la Constitución de 1993, sin afectar la vigencia de su texto, como consecuencia de la declaración de vacancia de la presidencia por su permanente incapacidad moral, consolidó la referida Constitución. De la proyectada aprobación de un texto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú y en particular el texto de la Constitución de 1979, que planteaba el artículo 2 la misma Ley 27600, ya nadie se acuerda.
La pretensión de restablecer la firma de Alberto Fujimori es un gesto político que, a diferencia de lo que creen los promotores que buscan ello, generará una innecesaria confrontación y colocará en el debate político un tema que los peruanos deberíamos tener ya por superado. Azuzará, sin lugar a dudas, la discusión sobre si debemos cambiar la Constitución.
La razón que se esgrime para dicho torpe propósito es que la medida es necesaria para la transparencia histórica, ya que la omisión de la firma del expresidente Fujimori oculta un elemento del contexto en el que fue promulgada la Constitución vigente. Sostienen que restaurar la firma preservaría la integridad documental y el derecho de los ciudadanos a acceder a la versión completa de este marco legal fundamental del país.
La justificación a la que se recurre es, en el mejor de los casos, una forma bien intencionada de autoengañarse, que contribuirá a la polarización que tanto daño nos ha traído. ¿Para cuándo tendremos políticos que vean el bosque y no solo las hojas? Estoy seguro de que la mayoría de peruanos está harta de seguir en lo mismo.
