Milton von Hesse, Profesor de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico
El Comercio, 16 de diciembre de 2016
El 1 de diciembre se decretó la muerte oficial del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), creado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la ejecución de la inversión pública y crear una cultura de proyectos. Durante su vigencia, hubo hitos importantes, como la interpelación en el Congreso del entonces ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, en el 2004 porque los técnicos de la cartera que dirigía rechazaron la ejecución del proyecto Marca II debido a una grosera sobreestimación de la demanda de consumo de agua en Lima Metropolitana.
También quedan para el recuerdo los informes técnico-evaluatorios que encontraban errores críticos en la formulación de los proyectos línea 1 (en esa época solo se consideraba el actual tramo 1 del tren eléctrico), de la primera fase del proyecto Olmos (cuyo diseño consistía en un embalse y un túnel y no redes de distribución), del proyecto interceptor norte (que no contaba con una planta de tratamiento ni un emisor submarino), y de la carretera interoceánica sur (que no disponía de un estudio de proyección de tráfico mínimo y tampoco de un análisis de impacto ambiental), por citar algunos ejemplos. Pero, a diferencia del proyecto Marca II –que no se llegó a realizar–, el criterio político llevó a que se ejecutaran estos otros proyectos utilizando el mecanismo de la exoneración de la viabilidad y, años después, fueron necesarias inversiones complementarias para darles viabilidad técnica y económica a los recursos que ya se habían invertido.
En realidad, la muerte del SNIP empezó en el 2006 cuando, ante la disminución de sueldos decretada por el gobierno, varios de los especialistas que trabajaban en inversión pública en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscaron otros rumbos laborales. En esas circunstancias, además, se dio una segunda medida desafortunada: la descentralización del SNIP.
Descentralizar el sistema significó la autonomía de los gobiernos subnacionales para la aprobación de proyectos en un contexto de bonanza de recursos del canon minero. La proliferación de estadios de fútbol, plazas de toros, edificios municipales, piscinas y toda clase de intervenciones que no afectan directamente el bienestar de largo plazo de las familias más pobres fue un signo de esos tiempos en distritos como Echarate y Condoroma en el Cusco, La Encañada en Cajamarca y San Marcos en Áncash, entre otros.
En la última década, el MEF trató de corregir algunos efectos no deseados de sus decisiones anteriores, sobrerregulando el sistema y aumentando la discrecionalidad de los funcionarios. Así, se introdujo el concepto de verificación de viabilidad y de aprobación adicional para los proyectos viables que habían calificado para transferencias de recursos desde los sectores nacionales. El remedio no curó la enfermedad.
Ahora, en reemplazo del SNIP se ha creado Invierte.pe. La primera característica de este sistema es que le pone énfasis a la programación multianual de inversiones. Es decir, las entidades nacionales y subnacionales deben identificar, primero, cuáles son las necesidades de la población (‘brechas’ en el argot económico) y luego construir la cartera de proyectos que garantice el acceso a servicios básicos de la población (agua y saneamiento, salud, educación, entre otros).
La segunda característica es la simplificación de los procedimientos y metodologías para la formulación y evaluación de proyectos. Con ello se deja de lado el enfoque de eficiencia creado por el profesor Arnold Harberger y se migra a un enfoque predominante de costo efectividad y líneas de corte.
Finalmente, el nuevo sistema establece un mecanismo de seguimiento y evaluación de la ejecución y funcionamiento posinversión de los proyectos. Todas estas son características que van en línea con las mejores prácticas prevalecientes en el mundo.
