Por: Luis Miguel Palomino Bonilla, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE)
La República, 27 de Julio del 2022
“Esta realidad dura, difícil de aceptar, se aplica también a la mayoría de las regulaciones laborales. Todo lo que haga más caro el trabajo reducirá el empleo, así de sencillo”.
El mercado de tomates no tenía nada de especial. A algunas personas les gustaba mucho el tomate y estaban dispuestos a pagar más por él que lo que pagarían quienes no les gustaba tanto. A su vez, había diferentes productores que podían sembrar más o menos tomates a diferentes precios. El precio del mercado del tomate se establecía en un nivel en el cual la oferta era más o menos igual a la demanda.
Entonces un día, preocupado por la suerte de los tomateros, el gobierno decidió que el precio mínimo del tomate debía ser 30% más alto y dispuso estrictas medidas para que no se pudiera pagar menos que el nuevo precio fijado por los tomates. Lo que sucedió entonces es que, ante el nuevo precio, mucha gente decidió no comprar tomates o comprar menos, con lo cual algunos tomateros se quedaron sin vender su producto. Como algo se siguió vendiendo (a los que les gustaba mucho el tomate) con el nuevo control de precios, se llegó a una situación en la que se consumía mucho menos tomate a un precio más alto. Algunos tomateros se beneficiaron con el nuevo precio más alto y a otros se les pudrió el producto.
Pero los que se quedaron sin vender el tomate no se quedaron de brazos cruzados. Salieron a vender sus tomates, sin boleta o factura que deje huella de la ilegalidad, a un precio más bajo. El “control de precios” se vino abajo (como siempre lo hace) y existieron entonces dos mercados, uno legal de precios altos y otro ilegal de precios más bajos. Mientras más alto fuera el precio en el mercado legal, más pequeño será este y, en cambio, crecería el tamaño del mercado ilegal.
Esto es, en esencia, lo que sucede cuando el gobierno fija una remuneración mínima vital muy elevada. Independientemente de cualquier criterio de justicia o de moralidad, ese va a ser el resultado en el mundo real. Podemos decidir hacerlo, pero hay que estar conscientes de que haciéndolo estamos beneficiando a algunos y perjudicando a otros. Debe quedar claro cuántos serán beneficiados y cuántos los perjudicados. Mientras más beneficiado sea el primer grupo, más grande será el grupo de los perjudicados. Sabemos, además, que los perjudicados serán siempre los más pobres y más jóvenes; aquellos que no están organizados, son fácilmente sustituibles o no pueden hacer presión política.
Esta realidad dura, difícil de aceptar, se aplica también a la mayoría de las regulaciones laborales. Todo lo que haga más caro el trabajo reducirá el empleo, así de sencillo. El aumento de la remuneración mínima vital (RMV), la limitación de la tercerización laboral, la reciente revisión de las normas de sindicalización y huelga y el proyecto de Código de Trabajo; son todas medidas orientadas a beneficiar a un pequeño grupo de trabajadores a costa de la gran mayoría que no conocen la aplicación de la ley. Por cosas como esas más de tres cuartas partes de los trabajadores peruanos son informales. A ellos no es que les guste ofrecer por menos su trabajo, sin ningún beneficio social. Es que si no lo hacen, no tendrán empleo.
Quien contrata a un trabajador espera de él cierta productividad que justifique su salario. Si esta productividad es mayor al salario que paga, siempre le va a convenir emplearlo. Si no lo es, no lo contratará. Hay legislación laboral que, sabiendo que perjudicará a algunos, vale la pena tenerla para, por ejemplo, proteger la vida o la salud del trabajador, pero gran parte de la legislación laboral es solo un intento por beneficiar a unos pocos, perjudicando a muchos.
Tengamos siempre esto en cuenta al decidir sobre legislación laboral y seamos conscientes de que casi siempre es el más pobre el más perjudicado.
