Luis Miguel Palomino
Perú21, 5 de abril del 2026
«El costo de las promesas lo tendríamos que pagar nosotros, de una manera u otra, lo reconozcamos o no. No hace tanto, en las décadas del setenta y ochenta, fue así como comenzó».
Cuando consideramos muchas de las promesas hechas por varios de los candidatos y las comparamos con lo que realmente es posible, existe una enorme e infranqueable brecha. Esta se explica, simplemente, porque la suma del costo de las promesas de cada candidato arroja una cifra imposible de cumplir, incluso si uno profesa un optimismo extraordinario.
Es claro el motivo que tienen los candidatos para hacer esto: quieren poder ofrecerles algo atractivo a todos sus potenciales electores. Total, piensan, cada uno se fijará en el regalo que le toca a él y nadie se va a poner a sacar la imposible cuenta total. Todos los candidatos que lideran en las encuestas son culpables, en mayor o menor grado, de este problema.
Los ofrecimientos más frecuentes son generalmente o de aumentos de sueldos y pensiones o de abundantes obras (escuelas, carreteras, hospitales, etcétera). A todos nos gustaría ver fuertes aumentos de sueldos en el sector público hasta que recordamos que esos aumentos los pagamos nosotros. No se engañe: usted sí lo paga. La fuente más importante de recaudación tributaria es el impuesto general a las ventas, que todos pagamos diariamente. Igual con las obras: ¿quién se opondría a una escuela, hospital o carretera nueva si no tuviera que pagarla? Cuando tenemos que pagarlo con nuestro dinero, ahí sí nos ponemos juiciosos. Con la plata ajena somos dadivosos, pero con la propia, por más patriotas que seamos, debemos pensarlo muy bien. Esa debería ser siempre la actitud ante el gasto público.
Mayores sueldos, claro que sí, cuando demuestren que se lo merecen —por ejemplo, con mejoras en resultados de los docentes—. Obras también, siempre que no terminen abandonadas a medio hacer, como ocurre con casi la mitad de las obras públicas (como nos demostró recientemente el Banco Mundial). O que al final cuesten cuatro veces lo que se planteó inicialmente, como la refinería de Talara y tantos otros casos.
Hay quienes dicen que sus promesas no le van a costar nada al ciudadano común, porque la cuenta la pagarán los ricos. Para que nos quede clara la enormidad del presupuesto nacional, consideremos que, si juntamos a, digamos, las veinte familias más ricas del Perú, su riqueza total probablemente no llegaría a alcanzar la tercera parte del presupuesto nacional de un año. Aun cuando las grandes fortunas están generalmente muy bien protegidas contra este tipo de sinsentidos, supongamos que lográramos ponerles un gran impuesto igual a la mitad de su fortuna: entonces tendríamos alrededor de 3.5% del PBI. Es decir, no sería suficiente ni siquiera para cubrir dos años del déficit fiscal. ¿Y después qué? Es un impuesto por una sola vez. A partir de entonces, entre fuga de capitales, destrucción de la inversión privada y juicios inacabables, ¿qué nos quedaría? ¿Ser como Venezuela? ¿En serio?
La segunda explicación de por qué las promesas no le costarían al ciudadano promedio es que se va a ahorrar tantísimo dinero parando la corrupción. Claramente, debemos reducirla, y cuanto antes mejor. Pero creer que eso se logrará en un año de gobierno demuestra que no saben nada de políticas públicas. Si hiciéramos un enorme esfuerzo, tomaría años reducir sensiblemente la corrupción. Y eso se logra con reglas simples y generales, no con impuestos diferenciados y más programas sociales llenos de agujeros, que es lo que nos plantean todos los planes de gobierno. La promesa de “atacar frontalmente la corrupción” y de “caiga quien caiga” la hemos escuchado muchas veces: lo dijeron todos los presidentes que acabaron en la cárcel.
Por último, la explicación más ridícula de por qué no nos costaría es la que han dado los candidatos Sánchez de JPP y López-Chau de Ahora Nación, que pretenden que se usen las Reservas Internacionales del Banco Central de Reserva (BCR) para financiar el gasto público. Un ciudadano poco informado pudiera quizás pensar esto, ¡pero que dos candidatos a la presidencia lo sostengan es el colmo! ¡Más aún cuando uno de ellos (López-Chau) fue durante cinco años miembro del Directorio del BCR!
El primer motivo para que el BCR no financie al Gobierno es ¡porque la Constitución lo prohíbe en su artículo 84! Ahora, dado que ambos candidatos buscan una nueva Constitución, podrían argüir que esto se haría después del cambio. En ese caso, queda el segundo motivo para no hacerlo. Solo una fracción de las reservas es propiedad del BCR, la mayor parte proviene de los depósitos de bancos privados que son producto de los depósitos del público. Están en las cuentas del BCR por motivos de política monetaria, para tener un tipo de cambio estable, como lo tenemos hace más de veinte años. Lo que están proponiendo, por ignorantes, es que se expropie el dinero del público.
En resumen, el costo de las promesas lo tendríamos que pagar nosotros, de una manera u otra, lo reconozcamos o no. No hace tanto, en las décadas del setenta y ochenta, fue así como comenzó. ¡Aumentos de sueldo, subsidios y crédito para todo el mundo, expropiaciones! ¿Y en qué acabo? Hiperinflación, desempleo generalizado, récord de pobreza extrema y Sendero Luminoso. ¿Acaso queremos eso de nuevo? No, gracias.
