La desaceleración de la economía se debe principalmente a la desaceleración de la inversión privada. El menor crecimiento de la inversión privada se debe, sobre todo, a un deterioro en las condiciones de inversión, especialmente aquellas que dependen de las decisiones del sector público. No hay duda de que estas condiciones pueden mejorarse sustancialmente, en algunos casos de manera casi inmediata, si se desea. Sin embargo, esto no se ha hecho oportunamente por dos motivos.
En primer lugar, al gobierno le faltaba, y aún le falta, reconocer plenamente el diagnóstico del primer párrafo. Ha sido necesario que el país pierda enormes oportunidades de progreso, que se generen muchos menos empleos, que cientos de miles de peruanos no salgan de la pobreza, que la recaudación fiscal caiga y que, en general, se enfrente la peor situación económica en cinco años para que el gobierno reconozca que el problema, largamente advertido, existe. Hace cinco años, la peor crisis económica mundial en ochenta años explicó la fuerte caída en la inversión y el crecimiento; hoy el daño es principalmente autoinfligido y la solución depende principalmente del gobierno.
En segundo lugar, no existe convicción en el gobierno respecto a la importancia y la forma de abordar las causas de la desaceleración ni respecto a lo realmente efectivas que pueden ser las medidas para enfrentarlas. Un ejemplo de esta falta de convicción es el reciente mensaje presidencial del 28 de julio, en el cual la frase “inversión privada” solo apareció una vez.
Pese a ello, la realidad golpea y el Gobierno ha empezado a responder, finalmente, con dos tipos de medidas: 1) cambios alentadores pero aún limitados en la regulación ineficaz e ineficiente que ahoga la inversión sin generar beneficios que lo compensen y 2) medidas para expandir el gasto público con el fin de aumentar la demanda interna y reactivar la economía. Las primeras medidas son un loable e indispensable primer paso en una enorme tarea pendiente, mientras que las segundas son temporales y, si bien pueden ayudar a salir del problema en que nos metimos, no atacan el origen del problema.
Una guía excelente para identificar los principales obstáculos a nuestro progreso son los ránkings del Perú en los componentes del Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial. Además de las conocidas debilidades en instituciones (puesto 109 de 148 países), calidad del sistema educativo (puesto 134), calidad de la infraestructura (puesto 101) e innovación (puesto 122), tenemos enormes debilidades que no son generalmente reconocidas en, por ejemplo, las prácticas de contratación y despido (puesto 129) y la carga que representa la regulación gubernamental (puesto 113).
Felicitamos los valiosos esfuerzos del gobierno por reformar el servicio civil y las señales positivas de reforma en algunos aspectos importantes de la educación básica y, en menor grado, de la salud. Sin embargo, el gobierno no ha señalado su voluntad de reformar aspectos cruciales como la legislación laboral, los aspectos de la legislación tributaria y previsional que incentivan la informalidad, la ley general de saneamiento, la legislación de recursos hídricos y la legislación del mercado de capitales. Emprender estas reformas contribuiría significativa y sosteniblemente a aumentar el crecimiento, el empleo y el progreso de nuestro país.
