Por: Miguel Jaramillo
El Comercio, 14 de abril de 2019
El Comercio, 14 de abril de 2019
A fines de los años noventa, poco más de un lustro después de la reforma laboral que flexibilizó el uso de los contratos a plazo fijo (CPF), en un contexto de recesión económica, las empresas contrataban alrededor de la mitad de sus nuevos trabajadores por tiempo indefinido.
La mayor parte de la otra mitad usaba los contratos por modalidad que introdujo la reforma. Poco más de una década más tarde, las empresas usaban contratos por tiempo indefinido (CTI) para apenas una de cada 10 nuevas contrataciones. ¿Qué pasó después del 2000 que explique este significativo cambio? ¿Por qué las empresas ya no quieren usar CTI?
No es el caso que haya ocurrido otra ola de flexibilización laboral. Algunos han argumentado, sin más evidencia que sus convicciones doctrinarias, que la causa es la reforma laboral del año 1992. ¿Cómo así las empresas no se dieron cuenta antes del 2000 de que podían usar una modalidad más flexible para contratar? No hay respuesta para esta simple pregunta de parte de los impulsores de dicha hipótesis.
Existe una explicación más sencilla, incompatible con la anterior: lo que ocurrió es que después del fallo del Tribunal Constitucional del año 2001, que restablece la reposición en el puesto de trabajo para despidos incausados, usar CTI se hizo más caro y más incierto. Ante la opción de usar uno u otro tipo de contrato, las empresas han optado masivamente por restringir el uso de CTI. Nueva evidencia indica cuán pernicioso para los trabajadores ha resultado el cambio impulsado por el TC.
En efecto, la opción por los contratos a plazo fijo que la reforma del TC ha estimulado significa pérdidas de ingresos considerables para los trabajadores y menores posibilidades de usar su derecho a actuar colectivamente, como mostramos hace un tiempo.
En un nuevo estudio analizamos las trayectorias en el tiempo de los trabajadores con contratos a plazo fijo en la primera mitad de la década.
El objetivo es evaluar en qué medida este tipo de contrato constituye una entrada al mercado laboral formal que luego se convierte en un peldaño hacia una contratación más permanente vía un CTI.
La respuesta, lamentablemente, no es alentadora. Apenas en 3% de los CPF se observa una conversión a un CTI en la misma empresa. Más aun, la probabilidad de conversión es menor para trabajadores no calificados (2%), de escasa experiencia o en puestos no ejecutivos.
Esto no es buena noticia ni para trabajadores, ni para empresas, ni para la economía peruana en general. Las empresas no tienen ningún incentivo para capacitar a trabajadores con contratos que tienen fecha de término, por lo que sufre la productividad de la empresa y los ingresos de los trabajadores.
Los trabajadores, por su parte, no tienen ninguna motivación para esforzarse por una empresa que muy probablemente prescinda de ellos más pronto que tarde. Las potenciales implicancias de largo plazo son incluso más negativas. Las empresas escogerán actividades en las que la sustitución de trabajadores les genere menos costos. Esto es, actividades más intensivas en trabajo de baja calificación, receta para empobrecer a la clase trabajadora.
Sorprende en este contexto que quienes dicen defender los intereses de los trabajadores estén tan cómodos con la proliferación de los CPF. Argumentan ellos que así el mercado tiene la flexibilidad que requiere, cuando, más bien, este es el síntoma más claro de que hay algo profundamente mal con la regulación de los contratos laborales.
Como afirma una reciente revisión de la investigación internacional por tres autoridades en el tema, “la idea de que introducir flexibilidad en el margen (v.g., vía contratos temporales) es un buen sustituto de relajar las regulaciones de protección de empleo para CTI ha sido completamente desacreditada”.
Una reforma que ignore esto no está viendo el elefante en la cristalería.
