Miguel Jaramillo Baanante
El Comercio, 1 de marzo del 2026
En países donde existen partidos políticos, estos tienen sus propios cuadros técnicos, en base a los cuales alimentan planes de gobierno y diseño de políticas específicas.
Cada cinco años profesionales especialistas en temas de interés para las políticas públicas recibimos invitaciones para formular propuestas para el gobierno entrante. Qué exactamente se espera de una “propuesta de políticas” ha ido cambiando en el tiempo, sin embargo. Hace unas pocas décadas, un buen diagnóstico, identificación de los problemas y un conjunto de propuestas sobre cómo solucionarlos era lo que se esperaba. Ahora esto es claramente insuficiente. Se necesita formular los proyectos de ley necesarios para viabilizar dichas propuestas. Esto ya parece un comentario interesante sobre el proceso de formulación de políticas: no se puede esperar del Estado peruano que pueda formular de manera eficiente las normas necesarias para implementar las políticas.
Que el Estado se alimente de la producción académica y el estado del conocimiento sobre los problemas públicos tiene todo el sentido y ocurre en todos los países medianamente desarrollados. La forma en que se da dicha interacción puede variar mucho de país a país, sin embargo. En países donde existen partidos políticos (y no simplemente agrupaciones con propósitos puramente electorales y de distribución del poder), estos tienen sus propios cuadros técnicos, en base a los cuales alimentan planes de gobierno y diseños de políticas específicas. Por otro lado, los mismos estados tienen instancias al interior de sus unidades de gobierno (ministerios, gobiernos sub-nacionales, agencias especializadas) encargadas de producir información –incluyendo sistemas de monitoreo y evaluación de las políticas–, pensar los problemas y formular soluciones. Estas instancias están llamadas a ser el vínculo con un sector académico donde están los especialistas temáticos.
¿Cómo está el Perú con relación a estas capacidades institucionales? El mero hecho de que la percepción dominante en organizaciones ligadas a las políticas sea de que no puede formular las normas necesarias para implementarlas es ya un comentario fuerte sobre nuestra pobreza institucional. Por un lado, en general no tenemos partidos políticos, sino agrupaciones con fines puramente electorales, donde es más fácil encontrar a individuos con problemas con la justicia, que profesionales capaces. Por otro lado, tenemos un Estado con muy bajas capacidades para el diseño e implementación de políticas. Un claro ejemplo de esto es la inversión en infraestructura: al 2025, el 40% de las obras públicas no observan ningún avance y corren el riesgo de nunca terminarse. No es difícil multiplicar los indicadores de esta incapacidad.
Así, a pesar de que durante los últimos 24 años el Estado peruano ha visto su presupuesto de personal multiplicarse en casi 10 veces, la tarea de construir un agente competente para diseñar e implementar políticas es una tarea pendiente. Harían bien tanto las organizaciones que compiten en el proceso electoral como las que apoyan el desarrollo de propuestas de políticas sensatas en priorizar el tema del fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado.
