Por: Miguel Jaramillo Baanante
El Comercio, 12 de junio del 2022
“El número de trabajadores en informalidad llegó a 9,45 millones de personas durante el año que pasó, un máximo histórico para el país”, señala el investigador principal de Grade.
Recientemente fueron publicadas las cifras de pobreza para el 2021. Algunos las recibieron con cierta sorpresa. Naturalmente, la pregunta es por qué en un año en el que el PBI creció 13% la pobreza se redujo tan poco, apenas 2,6 puntos porcentuales. Esto nos deja todavía bastante lejos del nivel prepandemia. Para los que estudiamos el mercado laboral, sin embargo, no hay razón para la sorpresa. Las cifras que arroja son perfectamente consistentes con un escenario de escaso avance en la reducción de la pobreza y nula reducción de la vulnerabilidad. Veamos por qué.
En efecto, en una entrega anterior presentamos un somero balance de lo que nos ha dejado el mercado laboral en el 2021. El resumen rezaba: un mercado laboral menos productivo, menos equitativo y más precario. La conexión con un desalentador avance en la reducción de la pobreza no parece distante. Sin embargo, es bueno hacer explícitos los mecanismos que vinculan al mercado laboral con las cifras de pobreza, para entender qué se puede hacer desde las políticas del mercado de trabajo para reducirla efectivamente.
Conceptualmente, la relación es sencilla y directa. El mercado laboral es donde la gran mayoría de personas obtiene sus ingresos. Estos ingresos son la principal fuente de financiamiento del gasto de las personas y los hogares, que es la variable clave para definir su situación de pobreza.
En promedio, en Lima Metropolitana los ingresos han caído poco más de 10% entre fines del 2019 y el mismo período del 2021 [ver gráfico 1]. Esto, sin embargo, no es suficiente para predecir un incremento de la pobreza en dicho período. Los ingresos pueden haber caído entre los no pobres. Por otro lado, los ingresos laborales de los trabajadores en el sector formal se han mantenido e incluso crecido (3,8%). En contraste, los ingresos de los trabajadores asalariados informales y de los independientes, entre los que nueve de cada 10 son informales, han caído -4% y -13%, respectivamente.
Es precisamente en estos grupos donde se concentran los pobres. Hay muy pocos trabajadores formales entre los pobres, e incluso entre los vulnerables [ver gráfico 2]. La evolución de los ingresos en el sector informal resulta, entonces, un buen predictor de la pobreza.
Lamentablemente, no hay visos de reducción de la informalidad. El número de trabajadores en condición de informalidad llegó a 9,45 millones de personas durante el año que pasó, lo cual es un máximo histórico para el país. Además, el número de personas con un empleo formal fue el más bajo en casi una década, 3,78 millones de personas. La combinación de bajo crecimiento del empleo formal, creciente informalidad y magra recuperación de los ingresos en el sector informal nos condena a mayor pobreza.
Vista así la situación, la primera prioridad del “Gobierno del pueblo” para combatir la pobreza debería ser promover el empleo formal. Lo que se observa es todo lo contrario: las políticas se orientan a ahuyentar las inversiones y hacer más onerosa la contratación formal. Por si esto no fuera suficiente, se liquida el ahorro previsional de los trabajadores formales, bajo el indefendible argumento de “cubrir la necesidades económicas causadas por la pandemia del COVID-19″. Como muestran los datos de ingresos presentados más arriba, no son los trabajadores formales los que necesitan ayuda. Más aún, la pandemia que vivimos hoy ya no es tanto la del COVID-19, como la de la incompetencia y la corrupción.
