Por: Martín Pérez Monteverde, empresario
Perú21, 5 de noviembre de 2020
En los últimos cinco años, ante la desaceleración del crecimiento económico, la informalidad solo se redujo en 0.1% , es decir, en nada. Antes de iniciarse la pandemia, la informalidad llegó a alcanzar niveles del 73% de la fuerza laboral; sin lugar a dudas, estos niveles nos llevarán a tener trabajadores sin cobertura de salud ni pensiones, todo un futuro lleno de incertidumbre para ellos.
Los costos laborales no salariales en el Perú son equivalentes al 65% del salario bruto anual vs. 40% en países de la región. Esto genera grandes dificultades para que las empresas pequeñas sigan su desarrollo y puedan dar un salto en productividad. Hoy las microempresas son las que generan el 50% del trabajo dependiente, es decir, 3.2 millones de empleos, de los cuales el 90% es informal, según la Encuesta Nacional de Hogares. Desafortunadamente, la productividad de las microempresas es muy baja y equivale al 9% de las empresas grandes. Por otro lado, tenemos que el autoempleo representa el 37% de la fuerza laboral, es decir 6.3 millones, y de ello el 89% es informal.
La llegada del COVID-19 complicó el panorama anterior, ya que no solo causó la irreparable muerte de miles de peruanos, sino que también produjo una crisis sin precedentes en la economía y el mercado laboral. Los economistas proyectan una caída del PBI de más del 12% en 2020; solo en Lima se perdieron 1.3 millones de empleos para el trimestre jun-jul-ago y el Ministerio de Trabajo estima la destrucción de entre 580 mil y 900 mil empleos.
Ante esta situación y dentro del marco de la reactivación económica, se requieren medidas que protejan el empleo formal y generen incentivos para crear nuevos puestos de trabajo ante la llegada inminente de la nueva pandemia: el desempleo.
Una solución sería la de optar por un régimen laboral temporal que provea liquidez y flexibilidad a las empresas, limitando así la destrucción del empleo. La duración del régimen sería de 24 meses y su aplicación solo sería posible para las empresas más afectadas por el COVID-19.
Si bien el gobierno ya se encuentra implementando un subsidio a la planilla, este resultaría insuficiente para que las empresas vinculen nuevos trabajadores en la actual coyuntura, caracterizada por la incertidumbre.
Por esta razón, se necesita que, temporalmente, las empresas tengan acceso a un menor costo como el del régimen laboral de la pequeña empresa. Según lo estudiado por el Consejo Privado de Competitividad en su Informe de Competitividad 2020, el régimen especial de la pequeña empresa tiene costos no salariales equivalentes al 37% del salario bruto anual, 28% menos que los que enfrentan empresas medianas y grandes, y comparable con otros países de Latinoamérica.
La salida progresiva de este régimen también sería un elemento importante. Así, las empresas que adopten este régimen elevarían los beneficios laborales de manera gradual, en un plazo de 1-2 años, con el objetivo de que estas no desvinculen a los trabajadores contratados bajo el régimen laboral temporal una vez terminado este; de lo contrario, el estímulo a desvincular a quienes fueran contratados de manera temporal sería elevado.
Para concluir, es importante que se generen consensos sobre cuál es la nueva normalidad laboral hacia la que nos dirigimos. Esta discusión deberá tener como objetivo el planteamiento de medidas importantes como la de permitir que la remuneración integral anual sea válida a todo nivel salarial. Además, como sugieren diversas entidades, como el Banco Mundial, se debe desvincular el concepto de formalidad a la tenencia de un seguro de salud. En su lugar, todo peruano debería tener acceso a un plan básico gratuito a través del SIS. Finalmente, debemos estar atentos a la reforma del sistema de pensiones que se está planteando desde el Congreso, tanto por la sostenibilidad del mismo sistema como por su importancia para contribuir a la formalidad laboral.
