Por Martín Naranjo
Perú 21, 20 de diciembre de 2021
“Los costos de la corrupción no son solamente elevados, sino que además afectan principalmente a nuestros compatriotas más vulnerables”.
La corrupción evoluciona, se ajusta a las circunstancias, es oportunista y prospera como consecuencia de los incentivos que provee nuestro propio diseño institucional. Mientras más altos los costos de la legalidad, mientras menos transparentes sean nuestros procesos de adquisiciones desde el Estado, mientras menos vigilancia ciudadana y, en general, mientras menores sean las libertades democráticas, mayores serán los costos que la corrupción impone sobre nuestra sociedad trayendo consigo menos desarrollo y más inestabilidad.
Por ejemplo, cuando nuestra posición fiscal estaba muy lejos de la actual, cuando no se tenían ni recursos ni grado de inversión, cuando nuestra historia de solvencia y de buenos pagadores no era más que un conjunto de promesas a los mercados, la poca inversión pública que se llevaba a cabo se implementaba utilizando el valioso apoyo de organismos multilaterales como la CAF, el BID o el Banco Mundial. Una de las principales ventajas de utilizar el apoyo de los organismos multilaterales para el financiamiento de las obras públicas es que todas las adquisiciones se llevan a cabo siguiendo los estándares de control, ejecución y transparencia de los procesos logísticos de los organismos multilaterales. Bajo esas condiciones, la corrupción no pudo prosperar vinculada a las obras públicas. Sin embargo, sí pudo hacerlo vinculada a otro tipo de actividades de muy poca transparencia, como la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo.
Posteriormente, el Perú alcanza una posición fiscal bastante más sólida y nuestra capacidad de pago se reflejó en que alcanzamos una calificación de riesgo que hizo posible que financiemos las obras públicas con recursos provenientes, ya no de organismos multilaterales, sino directamente del tesoro público y del financiamiento proveniente de los mercados de capitales internacionales. En este escenario, las obras públicas se licitan, contratan, ejecutan, supervisan y se pagan siguiendo los procedimientos y las normas de transparencia del Estado peruano. Como nuestra fortaleza macroeconómica no vino acompañada de la misma fortaleza logística en el aparato del Estado, la corrupción evolucionó y creció, como hemos visto, muy vinculada a las obras públicas. Es decir, muy vinculada a la disponibilidad de recursos, a la poca transparencia de los procesos de contratación y a las referidas debilidades logísticas del Estado peruano.
Vale la pena notar que los costos de la corrupción no son solamente elevados, sino que además afectan principalmente a nuestros compatriotas más vulnerables porque, como se nos ha hecho evidente durante esta pandemia, son ellos los que más sufren con las ineficiencias en la calidad de los servicios que provee el Estado. En este sentido, invertir en mayor transparencia y en mayor vigilancia ciudadana es el camino para lograr que la inversión pública se aleje de prácticas corruptas y sirva mejor como mecanismo de inclusión y de lucha contra la pobreza.
