Mariella Balbi
Perú21, 13 de diciembre de 2017
Indistintamente las siglas PPK denotan una dualidad, a saber: partido político (bancada incluida) y el nombre del presidente. Ambos con un futuro incierto en estos tiempos de tempestad política. La razón la conocemos todos, el caso Lava Jato. No sabemos quién (mal) aconseja al presidente; el o la que sea debe jubilarse ya. Respecto a su relación con Odebrecht, el mandatario aparece como faltando a la verdad. Los pocos leales escuderos políticos que le quedan hacen malabares y acrobacias para diferenciar H2Olmos de Odebrecht. La cuestionada firma brasileña tiene en el Perú 43 empresas, investigadas solo dos.
Para todos, incluido el presidente, sería saludable un sinceramiento y/o una explicación de su vinculación con Odebrecht. Al final todo saldrá. Debe aprender del episodio de “las agendas de Nadine Heredia”, que no fui, que no sé, que me robaron, que no es mi letra. Ante la realidad tuvo que admitir su autoría. Mientras más demore, más inestabilidad política tendremos. Se afirma que el 2018 será un buen año, pero nadie es inmune a los escándalos de corrupción; ergo, la economía puede naufragar para el pesar general, principalmente de los más pobres.
En la otra esquina del ring de box nacional está la investigación a Keiko Fujimori. Innecesariamente el presidente –quien no está procesado por la Fiscalía– declara que no tiene nada que ver. No queda claro si el fiscal Pérez Gómez la indaga por lavado de activos o por organización criminal. El Poder Judicial le dijo dos veces que no ha lugar por no tener suficiente basamento.
Desesperadamente el fiscal pide allanar dos locales de Fuerza Popular para encontrar la difusa expresión en la agenda de Marcelo Odebrecht: “aumentar Keiko para 500”. Se volvió la obsesión de la Fiscalía, pese a que el patrón brasileño dijo que Jorge Barata, nuestro oráculo de Delfos, tiene la clave sobre esto. Queda la duda de si ese acertijo es para 2011 o para 2016.
La Fiscalía no aclara nada. Amparada en el ímpetu y la buena reputación del juez Richard Carhuancho se lanzó a buscar en los locales fujimoristas las pruebas del ‘bille’ de Odebrecht. Todo tan descosido y deshilvanado que terminó escudriñando la cocina. Acusó, además, al secretario de Fuerza Popular de no brindar información sobre la contabilidad partidaria y de obstrucción. Pero este no era militante en esa época ni ocupó cargo alguno en la organización.
El allanamiento a las viviendas de dos fujimoristas de San Martín –cada uno con un aporte de 13,500 soles para la campaña de 2011– es desconcertante e ilógico por el tiempo transcurrido y por la cantidad. El juez Carhuancho tuvo tal vez un exceso de entusiasmo o simplemente se precipitó.
